La decisión se acogió pese a que la presidenta de Autoridad Portuaria de Manta, Lucía Fernández, apostaba por un acuerdo mutuo para evitar un posible litigio internacional entre el Estado y Hutchinson. La acción jurídica proseguirá debido a que la Procuraduría estableció el cobro de las garantías que asciende a siete millones 800 mil dólares por un supuesto incumplimiento de la concesionaria.

Los ejecutivos de Hutchinson abandonaron el puerto de Manta en febrero del 2009, en medio de discrepancias con el actual Gobierno; luego de ello, los directivos de Autoridad Portuaria de Manta iniciaron una serie de negociaciones para conseguir finiquitar la participación de Hutchinson por Holding a través de TIDE con un acuerdo mutuo, pero al parecer la Procuraduría desechó la acción al emitir un informe negativo, por lo que la concesión ya no se mantendría vigente.

La presidenta de Autoridad Portuaria, Lucía Fernández, quien es representante del presidente de la República, Rafael Correa, en el directorio de esta entidad, puso a disposición su cargo el miércoles pasado, según dijo, por asuntos personales aunque determinó que su renuncia no sería irrevocable por lo que se espera que la decisión de este cargo estaría a manos del Primer Mandatario, informó radio City.