A cierta distancia, en el centro del cantón, está Guido Toledo. Él no es constructor, restaurador de arte, ni nada que se le parezca. Pero desde su vieja silla de director de la Hermandad de Jubilados Ferroviarios, lamenta lo que se está haciendo con estas obras.

“Están construyendo la estación en los talleres y no en su lugar original, que es en el centro de Durán. Además, no la están haciendo de madera sino de cemento y con el frente al revés”, dice. “No se ha respetado la tradición ni la historia”.

Al otro lado del río Guayas, también hay quejas parecidas a las de este dirigente. La construcción y rehabilitación de obras, por parte del actual Gobierno central, son las causas. Una de ellas es el edificio de la Gobernación, que hoy luce renovado en gran parte, pero -para arquitectos y restauradores locales- no se ha hecho un trabajo de reparación sino de construcción o reconstrucción.

El arquitecto manabita Rafael Arízaga, máster en restauración, habla de un “atentado” a esta joya arquitectónica construida por una compañía italiana en 1924. “En el Salón Bolívar, los zócalos, las columnas y las vigas que estaban de color gris marmoleado, fueron torpemente repintados de gris plano y quedaron como columnas vulgares o como cualquier otra cosa blanqueada... simplemente pintado con brocha gorda”.

Arízaga, quien dirigió la restauración de la vieja Casona de la Universidad de Guayaquil, coincide con otros arquitectos -que no quisieron ser identificados en esta nota- en el sentido de que la pintura de la fachada, la instalación de un ascensor en un sitio no indicado y otras incorporaciones al inmueble, no van con su esencia.

Este edificio, como el tren, consta en el inventario del patrimonio cultural y arquitectónico del país.

En las áreas rurales de algunas provincias se cuestiona en cambio la masiva construcción de casas de seis metros cuadrados por seis sobre tierras ancestrales, donde han habido hallazgos arqueológicos importantes que son parte de la cultura e historia nacionales.

Como ejemplo están la comuna Campo Alegre (isla Puná), que fue un centro ceremonial milenario, al que se ha denominado la piedra del Lagarto o de los Sacrificios. Allí no se han tomado en cuenta los sistemas ancestrales de construcción. Lo mismo ocurrió en sitios como Sacachún, en la parroquia Julio Moreno (Santa Elena), donde se halló el San Biritute, un monolito antiguo que hoy se exhibe en el Museo Municipal de Guayaquil.

Carolina Calero, directora (e) de la Región 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, admite que se están cometiendo “ciertos” errores con el legado patrimonial de estas obras y sitios. Pero destaca que al menos en las tierras de gran valor histórico se ha logrado frenar la construcción de casas, a través de la coordinación con entidades como el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. “Nosotros estamos iniciando y consolidando una gestión distinta, nueva. Estamos abriendo diálogos primero, porque tampoco podemos llegar a imponer, ya que cada entidad tiene su competencia”.

Contrariamente, la ministra coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, y la gerenta del Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural, Olga Woolfson, niegan que se esté atentando contra los bienes patrimoniales. Según ellas, “es legítimo incorporar nuevas tecnologías sin afectar la originalidad de los inmuebles ni la historia”.

Woolfson precisa que el ascensor de la Gobernación es exigencia de la ley en favor de los discapacitados y que para pintar la Gobernación no se utilizaron colores ni herramientas inadecuadas, como dice el arquitecto Arízaga, quien a inicios de esta década, al frente de un equipo de restauradores de la U. de Guayaquil, hizo las primeras intervenciones en ese palacio. “Él habrá utilizado brocha gorda, nosotros no”.

Pero los amantes de la arquitectura de otros tiempos no lo tienen muy claro. Toledo, el líder de los jubilados ferroviarios, tampoco. Insisten en que se ha trabajado al apuro “y los resultados hablan por sí solos”.