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Ex mayor Silva fuera definitivamente de la Policía de Ecuador

2009-08-04 07:45:31
Judiciales

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Juez de Tránsito rechazó recurso de proteccion interpuesto por el ex uniformado

El Juzgado Quinto de Tránsito de Pichincha rechazó por improcedente el pedido de recurso de protección que presentó en días pasados el ex mayor de Policía, Manolo Silva,con lo cual se ratificó la decisión del Consejo de Generales de la Policía Nacional de expulsar al mentado oficial por desertor de sus filas, al haberse ausentado sin autorización mas allá del tiempo que le correspondía. El ex mayor Manolo Silva está inculpado de haber entregado los archivos de la inteligencia policial a manos de agentes de la CIA que estaban actuando en Quito en la embajada norteamericana.

La resolución para rechazar el pedido del mayor Silva se basa en que: " En la especie en los términos que se ha planteado el recurso de  protección, es preciso destacar que la acción de protección no puede ser confundida con la unidad jurisdiccional, ni  con el derecho de acceso a la tutela jurídica efectiva que dispone de acciones y recursos que garantizan el control de la legalidad de los actos u omisiones administrativos, principios que se encuentran consagrados en los Arts. 167, 168, 169 y 173 de actual Norma Suprema".

Señala el Juez en su decisión para no aceptar el recurso del ex policía, que: "“Las resoluciones dictadas  dentro de un procedimiento  por otras autoridades e instituciones del Estado, distintas por las expedidas por  quienes ejercen jurisdicción en que se reconozcan, declaren, establezcan restrinjan o supriman derechos, no son  decisiones jurisdiccionales, constituyen actos  de <st1:personname w:st="on" productid="la Administración Pública">la Administración Pública</st1:personname>  o Tributaria, impugnables en sede jurisdiccional".

Por lo tanto, considera el magistrado,que "todo acto jurídico  es válido mientras no se demuestre lo contrario, cuyo camino  se configura mediante  la impugnación, que no es otra cosa que el oponerse , refutar, contradecir por parte del administrado que se siente perjudicado al considera que sus derechos han sido vulnerados por lo que, este derecho  debe  ejercitarlo dentro del término que la ley concede para el efecto y ante el órgano administrativo o  judicial competente y es este, quien luego del trámite pertinente debe pronunciarse sobre  la legalidad o ilegalidad del acto administrativo impugnado".

Con lo cual se ratifica la decisión del Consejo de Generales, y el ex mayor Manolo Silva está fuera definitivamente de la institución policial, sancionado por desertor de las filas policiales.

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Texto de la Resolución sobre el Recurso de Protección pedido por el Mayor Manolo Silva: 

JUZGADO QUINTO DE TRÁNSITO DE PICHINCHA.- Viernes 31 de julio del 2009; 18h08. El Mayor de Policía Manuel Eduardo Silva Torres, deduce su acción de protección en contra de los demandados Comandante General de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía">la Policía</st1:personname> y Presidente del Consejo de Generales de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname> General del Distrito Freddy Martínez Pico, Consejo de Generales de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname> en la persona de su Presidente Accidental y Vocales señores Ing. Civ. Bolívar Cárdenas Ponce, General del Distrito Presidente ( Acc) Lic. Bolívar Cárdenas Ponce, General del Distrito Vocal Msc. Jaime Vaca  Ordóñez, General del Distrito Vocal Dr. Rafael Yépez Cadena General del Distrito Vocal, y Vocal Dr. Carlos Arcos  Betancourt General del Distrito Vocal, respectivamente,  entre otros  dice: El Contexto de <st1:personname w:st="on" productid="la Resolución">la Resolución</st1:personname> del Consejo de Generales de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname> que viola mis derechos constitucionales.-

            El 3 de Febrero del 2009, mediante telegrama oficial Nro. 2009-0055-PDT-DGP, por disposición directa del señor Comandante General de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname> de aquella época, General Jaime Hurtado Vaca, fui dado el pase de <st1:personname w:st="on" productid="la Jefatura">la Jefatura</st1:personname> de <st1:personname w:st="on" productid="la Unidad">la Unidad</st1:personname> de Investigaciones Especiales UIES, al  Comando de Policía Tungurahua Nro. 9 Jefatura de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Judicial">la Policía Judicial</st1:personname> de Ambato.-

            Una vez enterada de esta designación y basado  en el Art. 40 del Reglamento de designación, pases y traslados del personal policial, contenido en <st1:personname w:st="on" productid="la Orden General">la Orden General</st1:personname> Nro. 166 del 29 de Agosto del 2006, suscrita por el señor General José Antonio Vinuesa Jarrín, Comandante General de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname>, procedí a dar inicio al relevo de mando al interior del UIES.-

            .El 5 de Febrero del 2009 en horas de la noche, se produjo una reunión en el despacho del señor Comandante de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Jaime">la Policía Jaime</st1:personname>  Hurtado Vaca, en la que le comuniqué que,  como consecuencia de mi salida del UIES, podrá sufrir atentados contra mi integridad y la de mi familia, por la cual esperé respuestas de protección de parte de quien representaba a <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname>, respuesta que no la encontré.-

            El 6 de Febrero del 2009, procedí a continuar con el relevo al interior de <st1:personname w:st="on" productid="la UIES">la UIES</st1:personname> y también mediante oficio Nro. 060-UIES-Q-2009, solicité al Director General de Personal de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname>, se me autorice hacer uso de 30 días de licencia por vacaciones.-

            El día 12 de Febrero del 2009, presenté una carta dirigida al señor Comandante General en la cual solicité mi baja voluntaria de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname>, en la cual volví argumentar mis razones para tal decisión.-

            Sin que les importe en absoluto el riesgo personal y familiar que yo estaba corriendo, el 13 de Febrero del 2009, el Consejo de Generales de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname>, resolvió: Solicita al señor  Comandante General de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía  Nacional</st1:personname>, se digne alcanzar el correspondiente Acuerdo Ministerial mediante  el cual Manuel Silva sea colocado a disposición del Ministerio de Gobierno,   por presunción de mala conducta profesional.- Resolución Nro. 2009-147-CsG-PN.-

            Es decir, en lugar de que <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname>, reconozca mi trabajo y tome en cuenta mis argumentos sobre la vulnerabilidad de mi seguridad personal y familiar, el Consejo de Generales volvió a colocarme a disposición del Ministerio de Gobierno, por  presumir mala conducta profesional  haciéndome  más vulnerable todavía y colocándome en  una indefensión total frente a quienes había combatido por más de 17 años, el crimen organizado transnacional.- 

            El 16 de Febrero del 2009, El Consejo de Generales remitió el Oficio Nro. 2009-0271-CSG-PN, al señor  Ministro de Gobierno, transcribiéndole <st1:personname w:st="on" productid="la Resolución Nro.">la Resolución Nro.</st1:personname> 2009-147-CsG-PN, en razón de que no se había  resuelto primero, como correspondía, su petición de baja voluntaria.-

            El 27 de Febrero del 2009, el señor Comandante General de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía  Nacional</st1:personname> y el señor Director General de Personal autorizan concederme 30 días de licencia por vacaciones, correspondientes al mes de Marzo del 2009, autorización constante en <st1:personname w:st="on" productid="la Orden General">la Orden General</st1:personname> Nro. 38.- Este mismo 27 de Febrero del 2009, el señor General Inspector Ángel García Arguello, Jefe de Estado Mayor de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname> dispone al Comandante del Grupo de Intervención y Rescate de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname> elaboré el respectivo análisis  de riego del señor  Mayor de Policía Manuel Silva  Torres y su familia.-

            El 2 de Marzo del 2009, Manuel Silva presenta al Consejo de Generales, dentro del trámite de reconsideración, que se certifique la conformación ordinaria del Consejo de Generales, copias certificadas de la convocatoria y del Orden del Día de la reunión del 13 de Febrero del 2009; copias de las excusas de los vocales principales y convocatoria a los suplentes a la sesión del 13 II 09. copias certificadas del acta de la sesión, y la copia de la cinta de audio de la citada sesión.-

            El 4 de Marzo del 2009, <st1:personname w:st="on" productid="la Inspectoría General">la Inspectoría General</st1:personname> de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname>, elabora el informe Nro. 2009-017-UDAI-CPD-PN, relacionado al incumplimiento a la disposición constante en el telegrama oficial de designación de pases y traslados Nro. 2009-PDT-DGP DEL 3 DE Febrero del 2009, indicando en al conclusión Nro. 6 lo siguiente: “ Que se desconoce las razones por las cuales el señor Mayor de Policía Manuel Eduardo Silva Torres, hasta la presente fecha no ha dado cumplimiento al telegrama oficial Nro. 2009-0055-PDT.DGP de fecha 3 de Febrero del 2009.-

            ¿ Cómo podrían desconocer las razones, cuando el GIR Y EL Comando General de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía">la Policía</st1:personname> sabían del análisis de riesgo que ellos habían ordenado hacer?.- El 9 de Marzo del 22009, ocurren los siguientes hechos: a) El Consejo de Generales emite <st1:personname w:st="on" productid="la Resolución Nro.">la Resolución Nro.</st1:personname> 2009-206-Cs-G-PN, en la que resuelve negar el pedido de baja voluntaria renunciando a la situación transitoria, formulada por el Mayor Manuel Silva, aduciendo  que el Consejo de Generales mediante  Resolución Nro. 2009-147-CsG-pn, de 13 de Febrero del 2009, dispuso que el Comandante General de <st1:personname w:st="on" productid="la PN">la PN</st1:personname>, alcance  el Acuerdo Ministerial mediante el cual sea Manuel Silva colocado a disposición del Ministerio  de Gobierno, por presunción de mala conducta profesional. Califica esta resolución de reservada.-

            La Inspectoría  General de Policía, emite el informe Nro. 2009-020-UDAI-CPD-PN, que se constituye en la ampliación al informe  investigativo Nro. 2009-0017-IDAI-CPD-PN. de fecha  4 de  Marzo del 2009.- El 12 de Marzo del 2009, recién se publica <st1:personname w:st="on" productid="la Orden General">la Orden General</st1:personname> Nro. 047, en la  que se publica <st1:personname w:st="on" productid="la Resolución Nro.">la Resolución Nro.</st1:personname> 2009-147-CsG-PN.- El 16 de Marzo del 2009, el Consejo de Generales  emite <st1:personname w:st="on" productid="la Resolución Nro.">la Resolución Nro.</st1:personname> 2009-226-CsG-PN, en la que se niega el pedido formulado por el abogado del Mayor Manuel Silva tendiente a que se le confieran  copias certificadas, según resolución de 2 de marzo del 2009, calificando de reservada la resolución.-

            El 18 de Marzo del 2009, Manuel Silva, pide al Consejo de Generales, copias certificadas de <st1:personname w:st="on" productid="la Resolución">la Resolución</st1:personname> del Consejo de Generales en que se haya conocido su petición de baja voluntaria.-

            El 23 de Marzo del 2009, <st1:personname w:st="on" productid="la Dirección General">la Dirección  General</st1:personname> de Personal en respuesta al escrito de 13 de Marzo del 2009, no responde y se limita a mandar copias certificadas de la hoja de vida profesional del señor Mayor Manuel Silva.- El 25 de Marzo del 2009, recien el Consejo de Generales notifica a Manuel Silva, <st1:personname w:st="on" productid="la Resolución Nro.">la Resolución Nro.</st1:personname> 2009-206-CsG-PN, adoptada el 9 de Marzo de 2009 ( es decir 16 días después), en la que resuelve inmotivadamente negar el pedido de baja voluntaria renunciado a la situación transitoria. Calificando inconstitucionalmente de reservada la resolución.-

            Hay que dejar constancia  que hasta la presente fecha de presentación de esta acción de protección, el Mayor  de Policía Manuel Silva no tiene juicio penal pendiente en su contra, con lo que se ratifica el carácter inconstitucional e inmotivado de <st1:personname w:st="on" productid="la Resolución">la Resolución</st1:personname> del Consejo de Generales en la que se negó su pedido de baja voluntaria.-

            El 30 de Marzo del 2009, Manuel Silva SOLICITA al  Consejo de Generales se recibido en Comisión General para exponer los fundamentos de la reconsideración a <st1:personname w:st="on" productid="la Resolución">la Resolución</st1:personname> del 13 de Febrero del 2009. Este mismo día terminó la licencia por vacaciones del Mayor Manuel Silva .- El 8 de Abril del 2009, el Consejo de Generales mediante oficio Nro. 2009-00535GsG-PN, a las  9H00.-  Esta Comisión General es por la supuesta mala conducta. Nada se sabía entonces de ningún proceso por supuesta ausencia ilegal.-

            El 7 de Abril del  <st1:metricconverter w:st="on" productid="2009, a">2009, a</st1:metricconverter> las  8H00, me presenté ante  el  General del Distrito Jorge Pavón Guevara, Director General de Personal, quien a las 15h00 me presentó ante  el señor Comandante General, quien dispuso me presenté al día siguiente para que se me asigne una función dentro del orgánico de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname>, es así que se me entrega el telegrama oficial Nro. 2009-354-PDT-DGP de fecha 7 de  Abril del 2009, mediante  el cual se me asigna como Ayudante de <st1:personname w:st="on" productid="la Dirección">la Dirección</st1:personname> de <st1:personname w:st="on" productid="la DINAPEN">la DINAPEN</st1:personname>, presentándome en dicha Unidad Policial el 8 de abril del 2009, siendo comunicada dicha presentación mediante  oficio Nro. 2009-496-DINAPEN.-

            La descripción de las acciones de la autoridad pública que generaron la violación del derecho.-

            Como usted podrá apreciar señor Juez, está claro que hasta el 14 de Abril del 2009, fecha en que comparecí a declarar ante  el señor Fiscal de  Sucumbios, venía defendiéndome ante el Consejo de Generales y ante <st1:personname w:st="on" productid="la Inspectoría General">la Inspectoría General</st1:personname> de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía">la Policía</st1:personname> exclusivamente de la ilegal acusación de mala conducta profesional, nada sabía de un proceso abierto en mi contra por supuesta ausencia ilegal, nunca fui notificado de ese expediente y nunca pudo ejercer mi derecho de defensa, esto es conocer y contradecir las pruebas presentadas en mi contra, alegar en mi defensa y ser escuchado por el Consejo de Generales para justificar mi supuesta ausencia ilegal.-

            El 20 de Abril del 2009, el Consejo de Generales de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname>, luego de juzgarme a mis espaldas,. Sin permitirme ejercer mi derecho de defensa, mediante oficio Nro. 2009-0624-GsG-PN, me notifica <st1:personname w:st="on" productid="la Resolución Nro.">la  Resolución Nro.</st1:personname> 2009-324-CsG-PN, -

Las acciones de autoridad publica que generaron la violación de mis derechos son:

1.- Resolución Nro. 2009-324-CsG-PN, DE 16 DE Abril del 2009, expedida por el Consejo de Generales de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname>,
2.- Resolución Nro. 2009-590-CsG-PN, de 6 de julio del 2009, expedida por  El Consejo de Generales de la Policía Nacional.-

Las resoluciones en  mención estas fundamentadas en los Arts. 19 de <st1:personname w:st="on" productid="la Ley Orgánica">la Ley Orgánica</st1:personname> de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía  Nacional</st1:personname>, Art. 66 literal e) de <st1:personname w:st="on" productid="la Ley">la Ley</st1:personname> de Personal de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía  Nacional</st1:personname>, Art. 184 del Código Penal de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname>,  La resolución Nro. 2009-324 –CsG-PN adoptada en sesión del Consejo de Generales del 16 de Abril del 2009, viola las siguientes disposiciones constitucionales y legales. Art. 76 Nral 3 y 7 de <st1:personname w:st="on" productid="la Constitución">la Constitución</st1:personname> de la República.-

Mediante oficio Nro. 2009-01093-GsG-PN, de 8 de Julio de 2009, se me notificó <st1:personname w:st="on" productid="la Resolución Nro.">la Resolución Nro.</st1:personname> 2009-590-CSg-pn, en la que el Consejo de Generales el 6 de Julio del 2009, resolvió ratificar <st1:personname w:st="on" productid="la Resolución Nro.">la Resolución Nro.</st1:personname> 2009-324-CsG-PN, DE 16 DE Abril del 2009.- Esta resolución se fundamento en el Art. 22 literal a) de <st1:personname w:st="on" productid="la Ley Orgánica">la  Ley Orgánica</st1:personname> de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname>, Art. 66 literal e) de <st1:personname w:st="on" productid="la Ley">la Ley</st1:personname> de Personal de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la  Policía Nacional</st1:personname>, y Art. 40 del Reglamento de Designación de , Pases y Traslados del Personal Policial.-

Derechos Constitucionales violados por las Resoluciones objeto de esta acción de protección.-

a) Principio de legalidad, piedra angular del estado de Derecho Constitucional de  Derecho y del derecho al debido proceso, garantizado en el Numeral 3 del Art. 76 de <st1:personname w:st="on" productid="la Constitución">la Constitución</st1:personname> de <st1:personname w:st="on" productid="la República">la República</st1:personname> ,

b) Derecho al debido proceso garantizado en los literales a), b; c) h) y k) del Numeral 7 del Art. 76 de <st1:personname w:st="on" productid="la Constitución">la Constitución</st1:personname> de <st1:personname w:st="on" productid="la República">la República</st1:personname>,

c) Derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de mis derechos, consagrados en el Art. 75 de <st1:personname w:st="on" productid="la Constitución">la Constitución</st1:personname> de <st1:personname w:st="on" productid="la República">la República</st1:personname>,

d) Derecho a <st1:personname w:st="on" productid="la Seguridad Jurídica">la Seguridad Jurídica</st1:personname> ( este derecho es violado particularmente por la segunda resolución del Consejo de Generales de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname> al desconocer la aplicación del silencio administrativo previsto en el Art. 28 de <st1:personname w:st="on" productid="la Ley">la Ley</st1:personname> de Modernización del Estado), previsto en el Art. 82 de <st1:personname w:st="on" productid="la Constitución">la Constitución</st1:personname> de <st1:personname w:st="on" productid="la República.- Pretensión.-">la República.- </st1:personname>

<st1:personname w:st="on" productid="la República.- Pretensión.-">Pretensión.-
</st1:personname>Amparado en lo que dispone el Art. 88 de <st1:personname w:st="on" productid="la Constitución">la Constitución</st1:personname> de <st1:personname w:st="on" productid="la República">la República</st1:personname> y en los Arts. 43 y siguientes de las Reglas para el Ejercicio de <st1:personname w:st="on" productid="la Corte Constitucional">la Corte Constitucional</st1:personname> , publicadas en el Registro Oficial Nro. 466 de 13 de Noviembre del 2008, acudo ante usted en razón de que las  resoluciones inconstitucionales, impugnadas en esta acción de protección, no solamente que violan mis derechos constitucionales ya invocados sino que causan un grave daño separación inmediata e ilegal de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname>, y le pido que en sentencia declare que las resoluciones Nos. 2009-324-CsG-PN, de 16 de Abril del 2009 y 2009-590 GsG-PN, de 6 de Julio de 2009 expedidas por el Consejo de Generales de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname> , vulneran el principio de legalidad , el derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la tutela efectiva de mis  derechos  y en consecuencia orden la reparación  dejando sin efecto por violaciones  de <st1:personname w:st="on" productid="la Constitución">la Constitución</st1:personname>,  la ya referidas resoluciones del Consejo de Generales de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname> y disponiendo la inmediata reincorporación al servicio activo de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional.-">la  Policía Nacional.-</st1:personname>

Escuchadas en audiencia pública las exposiciones de las parte, examinadas sus alegaciones, y concluido el trámite para resolver se considera: 

PRIMERA.- Al recurso de protección se le ha dado el trámite determinado en el Art. 86 de <st1:personname w:st="on" productid="la Constitución">la Constitución</st1:personname> de <st1:personname w:st="on" productid="la República">la República</st1:personname>, y no se aprecia omisión de solemnidad sustancial que pueda influir en la decisión de la causa por lo que se declara su validez.-

SEGUNDO.- La suscrita Juez es competente para conocer y resolver la presente acción de protección en atención a lo dispuesto en el Art. 86 Nral. 2 de <st1:personname w:st="on" productid="la Constitución">la Constitución</st1:personname> de la  República.-

TERCERO.- La acción de protección tiene  por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en <st1:personname w:st="on" productid="la Constitución">la Constitución</st1:personname>, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos  constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, contra políticas públicas cuando suponga la privación del goce y ejercicio de los  derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una  persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios  públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada s encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación

.CUARTO.- En la especie en los términos que se ha planteado el recurso de  protección, es preciso destacar que la acción de protección no puede ser confundida con la unidad jurisdiccional, ni  con el derecho de acceso a la tutela jurídica efectiva que dispone de acciones y recursos que garantizan el control de la legalidad de los actos u omisiones administrativos, principios que se encuentran consagrados en los Arts. 167, 168, 169 y 173 de actual Norma Suprema, en especial  este último que dice: “Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado, podrán ser impugnados, tanto en al vía administrativa  como ante los correspondientes órganos  de <st1:personname w:st="on" productid="la Función Judicial">la Función Judicial</st1:personname>, disposición constitucional que guarda armonía con lo dispuesto en el Art. 31 del Código Orgánico de <st1:personname w:st="on" productid="la Función Judicial">la Función Judicial</st1:personname> que dice: “Las resoluciones dictadas  dentro de un procedimiento  por otras autoridades e instituciones del Estado, distintas por las expedidas por  quienes ejercen jurisdicción en que se reconozcan, declaren, establezcan restrinjan o supriman derechos, no son  decisiones jurisdiccionales, constituyen actos  de <st1:personname w:st="on" productid="la Administración Pública">la Administración Pública</st1:personname>  o Tributaria, impugnables en sede jurisdiccional.-

Nos encontramos  frente a derechos consagrados y regulados  por normas de carácter legal que contienen  vías administrativas y judicial para el reconocimiento de esos derechos , ya que, los actos administrativos según la doctrina y la  jurisprudencia., no son otras cosa  que toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función y competencia de las que se encuentras investido el órgano administrativo y que produce efectos jurídicos  en forma directa, que gozan de legitimidad, presunción esta que se desprende del propio ordenamiento jurídico, que sostiene como premisa, que todo acto jurídico  es válido mientras no se demuestre lo contrario, cuyo camino  se configura mediante  la impugnación, que no es otra cosa que el oponerse , refutar, contradecir por parte del administrado que se siente perjudicado al considera que sus derechos han sido vulnerados por lo que, este derecho  debe  ejercitarlo dentro del término que la ley concede para el efecto y ante el órgano administrativo o  judicial competente y es este, quien luego del trámite pertinente debe pronunciarse sobre  la legalidad o ilegalidad del acto administrativo impugnado.- 

Por lo expuesto, de conformidad con  los  Arts. 160 y 173 de <st1:personname w:st="on" productid="la Constitución">la Constitución</st1:personname> de <st1:personname w:st="on" productid="la República">la República</st1:personname>, Código de Procedimiento Penal de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname>, Art. 1, 3, 4, 5, 6 ;  Ley  Orgánica de <st1:personname w:st="on" productid="la Policía Nacional">la Policía Nacional</st1:personname> Art. 19 y 22;  Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de <st1:personname w:st="on" productid="la Corte Constitucional">la Corte Constitucional</st1:personname> para el Período de Transición, Art. 43 Nral. 3 y 50, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE <st1:personname w:st="on" productid="LA CONSTITUCIÓN Y">LA CONSTITUCIÓN Y</st1:personname> LAS LEYES DE <st1:personname w:st="on" productid="LA REPUBLICA">LA REPUBLICA</st1:personname>,  se rechaza la acción de protección  propuesta por  el Mayor Manuel Silva Torres.- Téngase   en cuanta las ratificaciones de las intervenciones realizadas en la respectiva audiencia, conforme consta de autos.  Notifíquese.-  Fdo. Dra. Francia Alarcón Juez CERTIFICO El Secretario Dr. Mario Rodríguez.

 

Edición : ecuamex

 

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