El documento, que establecía reformas al Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, generó la preocupación del sector acuícola por ciertos artículos que señalaban prohibiciones para vincularse entre empresas y detallaba los motivos para revertir la concesión entregada por el Estado.

Entre las modificaciones al Decreto consta aclarar que los límites para la extensión de terrenos productivos solo regirán para las concesiones en playas y bahías, pues las operaciones en tierras privadas (zonas altas) no tienen limitación.

De acuerdo con el reglamento vigente, las personas naturales pueden tener hasta 50 hectáreas y las empresas hasta 250 hectáreas.

Aunque en las modificaciones también se incluirá una transitoria en la cual se establece un plazo de 12 meses  para determinar de forma técnica cuál es la extensión máxima que debe tener un concesionario acuícola, para que la unidad productiva sea razonable desde el aspecto económico.

También se aclarará que está prohibida la vinculación entre empresas de un mismo grupo económico, siempre que superen el límite máximo permitido. Esto para evitar el acaparamiento de tierra.

A más de que se especificará que las violaciones laborales, tributarias y ambientales serán motivos para revertir la concesión y los permisos de operación luego del debido proceso.

Y por último, las concesiones serán por un plazo de diez años y no de cinco, como constaba en el Decreto 261.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), fueron tres las conclusiones a las que llegaron los camaroneros, quienes se reunieron en una Asamblea General realizada la noche del jueves, en Guayaquil.

La primera fue rechazar la forma inconsulta de la firma del decreto, el cual -según el gremio- no fue socializado. La segunda fue destacar que las modificaciones se realizarán por la acción conjunta de las agrupaciones acuícolas.

La última fue respaldar la propuesta de reforma planteada por la ministra Cely y trabajar en el proceso de determinación de los nuevos límites de extensión de las concesiones acuícolas.

Pero el anuncio de cambios a los artículos más polémicos del documento no tranquiliza del todo al sector camaronero del país.

De acuerdo con el presidente de la Cámara de Productores de Cámarón de El Oro, Segundo Calderón, pese a esto, siempre habrá la preocupación de que estas modificaciones se cumplan sin inconvenientes.

Además, el productor  dijo que esta situación no detendrá el proceso de regularización de las camaroneras,  que culmina el 31 de este mes, según el Decreto Ejecutivo 1391, de octubre de 2008.

Sobre este tema, indicó que  los gremios estarán vigilantes porque -según el sector- el objetivo del programa es reforestar las zonas donde actualmente están las piscinas camaroneras y que serán revertidas al Estado si no se cumple la regularización.