Así lo indica el informe  “Trabajo infantil indígena”, culminado hace tres meses por  la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Care Internacional y Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta investigación, realizada en los cantones de Guayaquil (Guayas), Guamote (Chimborazo) y Lago Agrio (Sucumbíos), tuvo como finalidad  conocer las labores que desempeñan los menores de edad en provincias de tres regiones del país en las que hay alto porcentaje de población indígena y sugerir medidas que aseguren el cumplimiento de sus derechos.

De acuerdo con Nubia Zambrano, miembro de Care, por medio del estudio se ratificó la vulnerabilidad de los menores de edad indígenas ante la trata de personas.

Por medio de grupos focales y talleres con los menores de edad, sus familias y maestros, se  concluyó que, debido a los altos niveles de pobreza, en provincias como Chimborazo, se registran casos de menores de edad indígenas que son entregados a otras personas para que  los envíen a trabajar a Colombia o Venezuela.

“Las aspiraciones económicas de los padres y sus bajos niveles académicos hacen que sean  engañados por personas (explotadores) que emplean la estrategia de usar a conocidos para que se ganen la confianza y los progenitores cedan a sus hijas o hijos”, explicó Zambrano.

Para ella, normalmente, los menores de edad que caen en ese tipo de explotación una vez que regresan lo hacen con la  autoestima  baja. Esto -reza la investigación- “porque los chicos trabajan hasta 16 horas diarias sin contrato y por sumas  irrisorias”.

Eso le ocurrió a Olivia, nombre protegido de una adolescente de 17 años,  de Chimborazo, quien no recibió sueldo durante el año y medio que estuvo en Colombia.

Ella desconoce si su padre, quien la entregó a una indígena que hizo de nexo con el contratante en el extranjero, firmó un convenio. Solo supo  que debía permanecer  un año, pero tuvo que quedarse cinco meses más realizando trabajos domésticos y vendiendo ropa en la calle.

La adolescente, quien solo terminó el sexto grado, recordó que su vida fue dura en el extranjero. “Debía levantarme a las cuatro o cinco de la mañana, debía limpiar, arreglar la casa, cocinar, lavar, alimentar a los perros; a las 9  de la mañana  debía salir a los almacenes de los jefes a vender zapatos,  pantalones, camisetas, botas de caucho con las otras dos chicas. Esta jornada se repetía incluso los sábados y domingos”, relató la joven, a quien recién al retornar a Ecuador le entregaron 1.000 dólares por todo su tiempo de labores.  

Fernando García, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), indicó  que ese tipo de prácticas se repite porque en el Código Penal del país hay un vacío con respecto a la trata de personas por explotación laboral. “Actualmente únicamente se contemplan sanciones para la trata por explotación sexual y no por la  laboral”, explicó.

Lo frecuente de dichas prácticas lo corroboran las estadísticas  de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen),   las cuales indicaron que el año pasado encontraron 14 casos de trata de menores de edad por explotación. “Las víctimas eran menores de 18 años y de origen indígena”, señalaron ambos informes.

En la investigación hecha en Guayas se encontraron casos de niñas que cuidan a sus hermanos en la casa, van a la escuela y ayudan a trabajar a sus papás en los mercados. “Tienen jornadas  agotadoras que son de 15 a 18 horas. Lo peor es que algunas abandonan los estudios por eso”, precisó García.

Mientras que en Sucumbíos, los chicos salen a buscar trabajo a fincas porque en el hogar no hay dinero para gastos personales ni para que continúen educándose. Las chicas, por su parte, se insertan como empleadas domésticas en jornadas que tienen horario de entrada, pero no de salida.

Las remuneraciones que reciben los menores de edad indígenas  no sobrepasan los 10 dólares diarios.

Para Thalía Paqui, de 13 años de edad y dirigente del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (CNNA), la explotación de los niños de la etnia también se evidencia en la provincia de Zamora Chinchipe -de donde ella es originaria- en la que se observa a jóvenes que, en vez de estar en el aula,  trabajan en restaurantes como meseros y ayudantes de cocina. “Muchos abandonan los estudios por salarios que equivalen a la mitad de lo que  gana  un adulto”, criticó.

Ella pidió más agilidad a las autoridades estatales para que se protejan los derechos del colectivo a estudiar y al desarrollo integral.

Esa observación coincide con la de Marlene Anzules, técnica del Consejo de la Niñez y la Adolescencia en Sucumbíos, para quien el trabajo infantil en esa zona del país es evidente. “Trabajan con más frecuencia limpiando zapatos  o en karaokes”, señaló Anzules, quien aseguró que aquello afecta a todos los grupos étnicos.

En estos momentos -afirmó- la entidad está trabajando en campañas de sensibilización en escuelas y colegios. “Lo que hace falta es que se hagan trabajos más coordinados entre las diversas entidades”, enfatizó.   

Pero Vladimir Chicaiza, de la OIT, aclaró que el problema no solo es que los menores de edad  hacen trabajos que los exponen a peligros  en la calle o con químicos y  los obligan a abandonar sus estudios.

“Algo que más nos ha llamado la atención es que la cuarta parte del medio millón de niños que trabajan son indígenas”, resaltó Chicaiza.

A más del factor económico -continuó- las creencias culturales inciden en esa realidad. Así, según lo recogido por la investigación, sectores de adultos indígenas califican de positivo  trabajar a los 10 años de edad porque eso  permitirá a los niños ayudarse a pagar los estudios. Además, añadieron que el trabajo “les enseña a no ser vagos y a aprender un oficio”.

Para corregir la explotación  de los niños indígenas, añadió Zambrano, ahora se socializa el documento con autoridades provinciales y cantonales para que emitan ordenanzas que  eliminen el trabajo infantil peligroso.

Entre las recomendaciones del documento está que se inicie un proceso sistemático de formación en derechos de los niños y adolescentes a las autoridades indígenas y a  gobiernos locales (rurales y urbanos), en donde están asentados mayoritariamente estos pueblos.

También se sugiere que se impulsen emprendimientos productivos que  generen a las familias indígenas ingresos más significativos para evitar que acudan al trabajo infantil.