Bolívar Sucuzhañay, presidente de la Unión de Taxistas del Azuay, expresó que confían en que las autoridades locales elaboren un documento que ponga en vereda a los llamados “piratas”, pero aclaró que no quieren más compensaciones ni papeles, sino acciones concretas, caso contrario irán, “hasta las últimas consecuencias”.

El pasado 10 de marzo la dirigencia nacional del taxismo reunida en Quito otorgó ocho días de plazo al gobierno para que dé respuesta a sus planteamientos y evitar una paralización indefinida. El plazo se cumple este jueves, sin embargo los agremiados en el Azuay esperarán una semana más para que el municipio resuelva algo en concreto antes de tomar medidas radicales.

El síndico municipal Javier Cordero, manifestó que el borrador de Ordenanza se encuentra en elaboración y espera que a más tardar esta semana lo conozca la Comisión de Legislación o directamente el Concejo Cantonal para aprobarlo en primer debate.

La idea es presentar un documento donde se regule el trabajo de los ilegales, su fundamento principal es el artículo 264 de la Constitución donde se puntualiza que: “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias: planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su cantón”.

Mientras que el director de la Unidad Municipal de Tránsito (UMT), Boris Palacios, refirió que el espíritu de esta nueva normativa será regular el tráfico y evitar el caos vehicular en las calles de la ciudad. Para el funcionario esta propuesta no iría en contra del derecho al trabajo, amparado en el artículo 33 de la Carta Magna, pues lo que se hará es disciplinar las labores a través de procedimientos técnicos y jurídicos. “A los derechos le acompañan también las obligaciones”, recordó el funcionario.

Pero la visión que sobre este tema tiene la concejal María Cecilia Alvarado (País), presidenta de la Comisión Municipal de Movilidad, es mucho más amplia. Ella no se refiere solo a una ordenanza sino a un Código Municipal donde se incluya todo un capítulo sobre el control a vehículos que prestan servicios como “ejecutivos”.

Alvarado justifica esta propuesta al decir que en las normas vigentes existe un vacío legal además que en los últimos años se han dado diversos cambios legales que requieren de una actualización.

Negligencia

Para la concejal Alvarado el hecho de que el Municipio tenga que dar permisos a nuevas empresas de taxis, como Quinta Chica o Transcalvario, responde a una negligencia de la administración anterior, porque no se realizó ninguna defensa jurídica a favor de la ciudad.

El síndico Javier Cordero prefirió no opinar, pero mencionó que al llegar a la Sindicatura no encontró ni siquiera un sistema informático sobre las causas que ahí se llevan, ya sea en calidad de demandante o demandado.

“Solo hay un registro, esto significa que el Municipio podría estar demandado por otro lado, pero no lo conocemos”.

Frases

“De no existir respuestas concretas los taxistas del Azuay iremos hasta las últimas consecuencias”
Bolívar Sucuzhañay, dirigente

“La ciudad se ve obligada a pagar por problemas causados por la administración anterior que fueron negligentes e irresponsables”
María Cecilia Alvarado, concejal

“Crear una ordenanza para regular el tránsito no va en contra del derecho al trabajo, solo se lo canalizará con normativas legales y técnicas”
Boris Palacios, UMT

90 NUEVOS TAXIS PARA CUENCA

A pesar de la oposición del alcalde Paúl Granda y de los concejales de turno, el municipio está obligado a otorgar el permiso de operación a las compañías Transcalvario y Quinta Chica.
Sobre la primera empresa su asesora legal Marcia Goyes en reiteradas oportunidades ha explicado que obtuvieron el permiso de funcionamiento por una orden del entonces Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional.
Mientras que en la compañía Quinta Chica, que trabaja desde hace nueve años, el permiso de operación le fue autorizado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ninguna de las dos empresas obtuvo su permiso del municipio.