l nombre de Lorena Candelario explotó ayer en los medios de comunicación de España. Justo el 11 de marzo, cuando el país y en especial la capital conmemoraba el sexto aniversario de los atentados a los trenes de cercanías que dejaron 191 víctimas mortales.

Diario El Mundo publicó la noticia acerca de esta ecuatoriana, quien se hizo pasar como víctima de los atentados y que recibió en todos estos años, una casa, dinero en ayudas y la nacionalidad española.

Candelario se inventó su propia historia 11 horas después de las explosiones en los trenes que se dirigían a la estación de Atocha en Madrid.

La compatriota se presentó en un hospital de Barajas, muy lejos de la estación de Atocha, después de haber salido de su trabajo en la empresa Asispa, de asistencia a personas mayores. Dijo que había estado en uno de los trenes y que presentaba dolores en su hombro derecho y temblores. Aunque los médicos no le hallaron problema, siguió con su historia.

Acudió entonces al Hospital de La Paz, al norte de Madrid, donde no dijo que viajaba en uno de los trenes, sino que se encontraba en uno de los andenes. Narró otros síntomas, como dolor de estómago. Esta vez los médicos le creyeron y le diagnosticaron reacción aguda de estrés. Y este dictamen le abrió las puertas a los tribunales médicos del 11-M.

Desde entonces Lorena ha vivido de la asistencia para las víctimas del peor atentado en España, cuyo monto podría superar los 20.000 euros.

En julio de 2004 la Asociación de Víctimas del Terrorismo la acogió dándole un monto inicial de 1.000 euros para manutención y vivienda. Un mes después le concedieron 3.040 euros y en septiembre el Consorcio de Seguros le dio 4.021 euros por haber “perdido su abrigo y enseres en el tren”.

El Ministerio del Interior la reconoció como víctima por “trastorno de ansiedad cronificado” en noviembre de 2004, lo que le sirvió para que le dieran la nacionalidad y 3.000 euros.

El año siguiente siguió recibiendo apoyo y la Seguridad Social le pagó una pensión por incapacidad temporal durante un año y medio. En 2006 recibió un sueldo de 900 euros al mes durante nueve meses, a pesar de que seguía trabajando.

Lorena, sin embargo, no fue descubierta ayer, ni el año pasado, sino en 2006 cuando la Audiencia Nacional puso en duda su versión y las de otros 33 presuntos afectados, pero ninguno con una historia similar. Aquel año fue imputada por simulación, pero se las ingenió para seguir consiguiendo dinero.

El proceso que recaía sobre ella se sobreseyó de manera provisional en octubre de 2007. Su abogada presentó informes médicos que acreditaban una multitud de problemas de salud y dolencias psíquicas, pese a que se encontraba bien.

Entonces fue acogida por la Asociación 11M Afectados de Terrorismo, recibiendo ayudas hasta finales del año pasado de 400 y 1.000 euros de partidas del Ministerio del Interior.

También le dieron una subvención similar para el pago de un psicólogo. Para poder respaldar los gastos, en mayo de 2009 dijo que le habían robado 2.000 euros. El Gobierno, sospechando lo que había temido, le cortó las asistencias.

El Ministerio del Interior puso el caso en manos de los abogados del Estado que acusarán de varios delitos a esta mujer que solo pretendía “sacarle un dinerito al Estado español”.