El puerto de Manta fue concesionado el 16 de noviembre de 2006 por 30 años y la empresa debía invertir 523 millones de dólares. Pero hasta ahora no llega a los $ 22 millones.

TIDE asumió la administración el 1 de febrero de 2007. A lo largo de ese año, el directorio de Autoridad Portuaria de Manta (APM) se mostró inconforme por los “incumplimientos; por ello emitió un informe a Correa en octubre de 2008.

Según las autoridades, la empresa no cumplió con la ejecución de las obras contempladas en la fase inicial, como la construcción del muelle pesquero. Pero tenía otras, por las que se le levantaron dos expedientes sancionatorios: el primero por la entrega tardía de garantías, considerado leve, y por el que no hubo sanciones, solo un llamado de atención.

El segundo expediente fue por entregar el Proyecto de Desarrollo de la Concesión del Puerto con 180 días de retraso. Por eso recibió una multa de $ 10 mil que ya fue pagada. Además, posee otro expediente por el retraso de las obras.

En estos dos años tampoco la concesionaria cumplió con el volumen de carga establecido. El primer año debía ser de 30 mil contenedores y, en el segundo año, es decir, al 31 de enero de 2009, 60 mil y no llegó ni a los 5 mil. La concesionaria tampoco entregó el paquete accionario de 5% al Estado.

TIDE dijo que “los cambios realizados a los términos del acuerdo, impuestos unilateralmente por Autoridad Portuaria, son totalmente inaceptables, así como las amenazas hechas por el Gobierno para terminar el acuerdo”.

Paul Gallie, gerente general de TIDE, expresó que “han visto que no hay seguridad jurídica por los cambios impuestos por el Gobierno, por lo que ahora toda renegociación es inaceptable para TIDE. Nuestros derechos bajo el término de concesión están expresamente reservados”.

Eso significa que podría demandar a la APM o al Estado; “sin embargo, en Manta se habla de pedir medidas cautelares para que TIDE responda por los daños y por el lucro cesante que afectaron al puerto y la economía del país, agregó Simón Zambrano, presidente del Núcleo de Abogados de Manta.

Zambrano indicó que es necesario que se determinen responsabilidades en quienes firmaron un contrato de concesión que nació con muchas fallas jurídicas, desde que solo se hizo a través de una licitación de iniciativa privada, dejando atrás una serie de ofertas.

“Se entregó en bandeja de plata al puerto de Manta con 55 millones, ¿qué más querían? Por eso ahora que el Presidente les exige, los chinos corren”, manifestó Zambrano.