Juan de Dios Parra afirmó que como organismo de Derechos Humanos tienen una fuente principal que son los testimonios de las víctimas.

Confirmó que el día martes en la madrugada, alrededor de las 3h00 de la mañana, lanchas colombianas denominadas “piraña”, con un destacamento militar, recorrieron ambas riberas del Río San Miguel, en la frontera, debido a que hace días que el Ejército colombiano venía haciendo operaciones en el área.

“En ese patrullaje una de las dos lanchas desembarcó a este personal militar en el caserío 11 de Abril y en otro caserío que se llama Fuerzas Unidas, ubicados a unos 15 kilómetros de la Cooperativa 18 de Noviembre en el lado ecuatoriano. Este destacamento militar colombiano iba guiado por un civil, desertor de las FARC, conocido en el sector como Urbani”, dijo en entrevista concedida al programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com.

“Urbani”, dijo el vocero de los Derechos Humanos señaló las casas y  las fincas que los soldados colombianos allanaban.

Manifestó que a “Urbani”, como a otros desertores, les pagan por denunciar a presuntos colaboradores con la guerrilla, “con o sin razón en ambos lados de la frontera”.

“Urbani señaló algunas fincas y los militares colombianos procedieron a allanarlas, sacar a los moradores, golpearlos, amarrarlos e interrogarlos. Esto ocurrió a las tres de la mañana aproximadamente”, denunció.

Juan de Dios Parra afirmó que esta denuncia la hicieron llegar observadores de la ALDHU en la zona fronteriza.

Expresó que este fue solamente un incidente, y que el segundo se dio, el mismo día martes a las 6h00 de la mañana, cuando cuatro “turnos” o motoristas que trasladan gente por el río, en dos lanchas, fueron detenidos por una patrulla colombiana, y llevados a territorio del vecino país.

“Antes de eso obligan a desembarcar a los pasajeros de las dos embarcaciones en la vereda ecuatoriana. Se los llevan a Colombia, proceden a interrogarlos, y los familiares de estos motoristas, más amigos, en General Farfán y Fuerzas Unidas, se organizan, cruzan el Río San Miguel al lado colombiano, a reclamar a sus parientes”, recordó.

Explicó que esta práctica se ha vuelto común y que familiares y amigos, cuando ocurre algún abuso por parte de militares colombianos, “se organizan y van a reclamar” como un mecanismo de protección de sus derecho y su vida, obteniendo, en este caso, la libertad de los motoristas y la devolución de los botes, pero con daños severos en los motores.

“Entonces se armó una protesta en donde, a gritos, a viva voz,  los moradores ecuatorianos reclamaban a los militares colombianos que pagaran los motores o los arreglaran”, sentenció.

Indicó que en el incidente llegaron cuatro policías ecuatorianos en otro bote, siendo transportado por un funcionario de ALDHU.

“Según los pobladores, una patrulla militar ecuatoriana cruzó el río a parlamentar en el lado colombiano y luego regresan al a vereda ecuatoriana donde tienen discusiones muy agrias con la población, porque además proceden a hostigarles exigiéndoles exhibir documentos de propiedad de los motores que reclamaban y de instrumentos como motosierras e instrumentos de labranza que son los instrumentos de trabajo de estos campesinos y que dado el tiempo de trabajo de estos campesinos y la naturaleza de la región, no tienen las facturas. Todo esto fue generando un incidente tenso entre los militares ecuatorianos y la población afectada por estos hechos”, subrayó.

Sin embargo esto, dijo Juan de Dios Parra, existió un tercer incidente al medio día de ese mismo martes, cuando dos helicópteros artillados colombianos se internaron en territorio nacional de un kilómetro y medio a dos kilómetros.

“Esto fue observado y reclamado por los moradores que estaban en esta actitud de protesta desde la madrugada, sobrevolaron la población”, explicó.

Precisó que todo esto fue reclamado y denunciado “a viva voz” por los moradores a los militares ecuatorianos.

“Nosotros nos quedamos cortos en nuestra denuncia inicial que habla solo de un incidente cuando son tres incidentes ocurridos el mismo día: a las tres de la mañana, a las 6h00 de la mañana y al medio día”, aclaró.

De acuerdo a Juan de Dios Parra, las autoridades militares se apresuraron, de modo inconveniente, en desmentir una violación de territorio ecuatoriano, ya que esto involucra incidentes “serios” que fueron reconocidos por las propias autoridades militares colombianas en la televisión de este país.

Parra expresó que ninguna tropa colombiana tiene jurisdicción sobre civiles ecuatorianos y mucho menos su traslado para interrogatorios, sin normas de extradición, porque aquello se constituye en un “secuestro” y amerita un severo reclamo, en ese sentido cuestionó a las Fuerzas Armadas precisando que debieron haber abierto un espacio de investigación sobre los hechos y no apresurarse a negarlos.

 “Ellos han sido víctimas de este hecho arbitrario, de violencia – uno más de los muchos de los que ha  ocurrido en ese mismo sector- y además estos cuatro motoristas que fueron “retenidos” según los colombianos, que fueron detenidos y llevados a territorio extranjero, sometidos a interrogatorio, destruidas sus embarcaciones que son sus herramientas de trabajo y luego devueltos, sin ningún procedimiento jurídico, judicial ni policial válido, es un acto evidentemente de abuso”.

“Este solo hecho debería ser un suficiente motivo para que las autoridades militares locales revisen su posición inicial”

“Es una violación grave a los derechos humanos y luego por su puesto es un incidente entre los países fronterizos que se da en contextos aislados, donde el presidente Uribe ha estado permanentemente, la última semana, emitiendo declaraciones en contra el Ecuador, en contra su Gobierno, en contra las propias Fuerzas Armadas, lanzando acusaciones infundadas de que aquí habría toda una red de laboratorios, una red de campamentos instalados con coordenadas y comunicando a la comunidad internacional para seguir enlodando al prestigio del Ecuador ante la comunidad internacional como un país que protege al terrorismo y que no hace nada al respecto”, expresó.

Aseguró que al presidente Uribe le conviene mantener el estado de tensión con Ecuador y no tiene la más mínima intensión de bajarlo porque lo usa para la política interna, "y porque de ese modo pretende desviar el reclamo de la comunidad internacional que crecientemente se está haciendo ante el genocidio de las comunidades indígenas en Colombia”.