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Edición #4866 |  Ecuador, jueves, 13 de diciembre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

HOY (Quito) En Asamblea Constituyente, omnipresente asesoría española

2008-08-29 07:24:34
Política Nacional
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Carros en Quito y Manabí, equipos celulares y PC"s, y posibilidad de viajar todo el tiempo, parte del apoyo logístico a CEPS

El grupo de asesores españoles que trabajaron en Montecristi, y que cobraron todos sus honorarios en euros, tuvieron acceso a todas las decisiones de la Asamblea, hasta sobre la expulsión de Álvaro Noboa de la Constituyente, según los informes presentados a la Procuraduría, a los que tuvo acceso HOY.
"Ya en el marco del equipo de asesores de Alberto Acosta, y por orden suya, comenzamos a redactar documentos para cada una de las mesas (...), los lineamientos políticos o "líneas rojas" que deben tener en cuenta al hacer el articulado", dice el informe de Albert Noguera Fernández y Roberto Viciano Pastor, del Centro de Estudios Políticos y Sociales (Ceps), de España.

La reunión con el equipo de asesores de Acosta era diaria, porque su función no se limitaba a temas constitucionales. "En esta semana (del 7 al 13 de enero) nos integramos a la Comisión de Redacción del Mandato 2 para la fijación de un techo máximo a los salarios de los servidores públicos".

Todo era monitoreado también desde Quito. "El martes (22 de enero) trabajamos todo el día en la redacción del Mandato 2, incorporando las observaciones hechas por el bloque, así como los aportes que nos manda el Ejecutivo de Quito (...). Por la noche nos reunimos con Acosta y Cordero para preparar la metodología, y las discusiones y votaciones del pleno del día siguiente".

Ellos estuvieron en esa sesión en la que se aprobó el Mandato 2 y además se resolvió pedir al Fiscal investigar la presunta compra de conciencias de asambleístas, caso que hasta hoy no ha sido aclarado, y la expulsión de Álvaro Noboa.

Dos días más tarde, los españoles entregaron a Acosta la primera propuesta del índice de Constitución, aprobado tras varias reuniones con delegados de la Secretaría de Planificación (Senplades) y del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis).

Para el mes de marzo se integra al equipo Asier Martínez, por lo que los honorarios de la Fundación suben a 18 mil euros.

Ese mes llegaron a Montecristi dos profesores norteamericanos especialistas en el tema de los derechos de la naturaleza. "El objetivo es discutir la posibilidad de reconocer en la nueva Constitución a la naturaleza como sujeto de derechos".

Todo terreno

Ni un solo tema escapó de las manos de los asesores españoles. Su informe de abril destaca el trabajo realizado en temas polémicos como el aborto. "Se introdujo las posibilidades de redacción constitucional que se estaban barajando en la Asamblea, con un análisis de las cuestiones favorables y contradictorias que de cada una de las alternativas se podían derivar". También hicieron un análisis de las ventajas y desventajas de incluir el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Paralelamente trabajaron con la Mesa 5 en la redacción del Derecho al Agua, con otra en un texto sobre descentralización y organización territorial. "Por la tarde tuve una nueva reunión, con cena incluida, para la discusión de los derechos civiles y colectivos".

Era 17 de abril. Ese día, los asesores fueron mesa por mesa para hablar con sus presidentes, "con la intención de obtener información y datos sobre los últimos textos aprobados, y los proyectos en curso".

En esas visitas detectaron que en la Mesa de Derechos "algunos asesores de los asambleístas trataban de ocultar los textos del debate". Eso les obligó a imponer un procedimiento: siempre debían estar, en cada discusión, CEPS, asesores de la Presidencia de la Asamblea, Senplades e Ildis.

La Mesa 2 había sido en la que más resistencias hallaron, por lo que el informe destaca que el 22 de abril se impusieron como meta tener una relación más estrecha y fluida, "cosa que hasta ahora ha sido imposible".

Operativo comunicación

A fines de abril surgieron divergencias con el equipo de Alberto Acosta. "No hubo consensos en el índice desarrollado por la asesoría de la Presidencia y las propuestas de CEPS, de las que alguna se entendían que eran ya línea política".

La solución que hallaron fue identificar los informes claramente de dónde venían y destacar, en parágrafos distintos, divergencias, disonancias y novedades.

El trabajo en las mesas, sin embargo, mantuvo su ritmo. El 24 de abril revisaron las propuesta de la Mesa 7 sobre los principios del Desarrollo y del Buen Vivir. Al día siguiente trabajaron en los textos de los asambleístas sobre los tratados y relaciones internacionales.

"Por la tarde, reunión con el presidente de la Asamblea y sus asesores para diseñar estrategias de trabajo de aquí hasta el final. Nos pide cercanía y apoyo laborioso en las distintas mesas, con estrategias concretas. Nos convoca, de esta manera, a una reunión en donde se abordará el tema de la comunicación. Nos pide que trabajemos concretamente la propuesta de derechos de la comunicación".

Es así que el lunes 28 de abril, los españoles se reúnen con los "técnicos y expertos en comunicación" de las diferentes mesas para consensuar un texto.

"El equipo de CEPS presenta un texto que trataba de dar forma jurídica a lo que se había venido presentando, y que intentaba acercar posiciones y aclarar conceptos sobre comunicación e información. También se dan opciones para valorar la posibilidad de concretar orgánicamente declaraciones de control social, en la intención de romper la visión de control muy exhaustivo de la Mesa 2 y sugerir mecanismos de monitoreo más racionales sobre medios audiovisuales". La Mesa 2 era presidida por Virgilio Hernández, pero quien estaba atrás del tema de la comunicación fue Pilar Núñez.

Objeción de Conciencia

El grupo de españoles había actuado, en cierta medida, como moderador de las propuestas más radicales de las mesas y siempre estaba atrás de los temas sensibles.

La misma tarde del 28 de abril pasaron de la Mesa 2 a la 1 para revisar sus textos, sobre todo los relacionados con la Objeción de Conciencia. "Se argumenta la inadmisible amplitud de dicha cláusula que conduciría al derecho a cualquier tipo de desobediencia civil", destaca el informe.

Dos días mas tarde, el 30 de abril, pasaron todo el día en el debate final sobre la propuesta de los derechos fundamentales que debían pasar al Pleno. "Se mejora la redacción de una gran cantidad de artículos y se consigue moderar el tema de la objeción de conciencia que casi era una patente para la desobediencia civil (incluida la de los evasores de impuestos). Se aprueban 22 artículos". Por la noche fueron a cita de Alianza País.

Informe tras informe

Por la asesoría de los españoles pasaron los informes de todos los temas, desde la regulación constitucional de la tierra hasta el Régimen de Desarrollo, pasando por la Soberanía Alimentaria, la distintas formas de propiedad, la participación social, y otros.

A mediados de mayo, trabajaron en una propuesta de reforma de reglamento de la Asamblea y revisaron una de mandato sobre el voto de los ecuatorianos en el exterior en las consultas.

El 26 de mayo, cuando la Asamblea trataba de agilizar su trabajo, los españoles abordaron con el secretario de la Constituyente, Francisco Vergara, la posibilidad de ampliar las competencias de la entonces Comisión de Corrección, que luego se llamó de Redacción.

En junio, el trabajo estuvo enfocado en la corrección de procedimientos, para eso se reunieron con Acosta y Cordero con el fin de perfilar "el método de trabajo y el calendario al tenor de graves disfunciones jurídicas detectadas en las mesas". (JT)

La cooperación que es pagada en euros

Acuerdo de cooperación es del 3 de enero y se modificó en marzo

El Centro de Estudios Político y Sociales firmó el 3 de enero un acuerdo de cooperación con la Procuraduría para dar asesoría a la Asamblea en temas constitucionales por 12 mil euros mensuales: 700 euros por los boletos España-Ecuador, 2 900 euros por honorarios del experto, 1 050 euros, por viáticos; 1 050 euros, alojamiento, y 300 euros por costes de la gestión administrativa de la Fundación.

El 5 de marzo, sin embargo, se firma un adéndum al contrato en el que se aclaró que fue firmado el 6 de febrero y no el 3 de enero de 2008, pero que igual los gastos corren desde enero, porque desde ahí arranca la asesoría a Montecristi.

Se cambia la cláusula sexta para comprometer a la Procuraduría la entrega computadora, servicio de impresión de documentos, un equipo de telefonía celular con un cupo de 60 euros mensuales, un vehículo en Quito y otro en Montecristi y todos los boletos aéreos para el desplazamiento entre Quito y Manabí. (JT)

La factura sube en marzo, abril y mayo

El pago a los asesores debía hacerse al cambio oficial en dólares

Todas las facturas presentadas por la Fundación, solo por el asesoramiento en materia constitucional, llegaron a los $120 217.

La primera fue presentada en enero, y aunque el contrato fue de 12 mil euros, la cuenta ascendió a $17 795, porque fue calculada con una cotización de 1,48 euros del 25 de febrero de 2008.

El 25 de febrero, Roberto Viciano envió una carta a Gandhi Burbano, de la Procuraduría: "Le envío el informe de las actividades realizadas en dichos meses (enero y febrero) por los asesores de la Fundación y las copias de las facturas que ha pagado en concepto de boletos aéreos, alojamiento de los asesores en Manta y Quito y viáticos".

La caída del dólar ayudó a aumentar la factura de febrero: $18 375. En marzo, abril y mayo las cuentas subieron. En el adéndum del contrato se especificó que la asesoría española ya costaría 18 mil euros, porque se integraba otro experto al equipo. La cuenta de marzo llegó así a $28 451. (JT)

Procuraduría cubrió los gastos de dos departamentos en Quito y dos en Manta

A nombre del señor Decio Machado Flores están las facturas del arriendo del departamento n.º 106 del edificio Plaza Real ubicado en la Avenida República del Salvador N34-529 y Portugal, donde se alojaron los asesores españoles de la CEPS.

El departamento está en el edificio donde también funciona la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en Quito.

Según el convenio celebrado con Procuraduría, los asesores colaborarían cinco meses, desde enero a mayo de 2008.

El contrato entre Machado y la señora Patricia Soria Samaniego, arrendataria del departamento en el Plaza Real, se establece que el arriendo se inició el 15 de noviembre de 2007 y tendrá duración hasta el 14 de noviembre de este año. (Ver foto)

En el recibo que Soria entrega el 15 de enero se contempla el pago de $2 500. De ellos, $1 000 son por concepto de la garantía y los otros $1 500 por el arriendo de noviembre hasta enero, con un pago mensual de $500.

Entre otros gastos consta el servicio de TV Cable e Internet. En la Nota de Venta 001-011-161-1985 (ver foto), se establece el pago del servicio de televisión por cable, a un costo de $18,68. Esto, por concepto de la señal, durante 27 días del mes de diciembre.

En Manabí se alojaron en dos departamentos, el n.º 14 y n.º 19, en el Edificio Bucanero en Manta, por $700 y $800 respectivamente (ver foto).

También se justifica el servicio de Internet con Interactive a un costo de $39,20 al mes, según la Factura n.º 001-001-0738296.

De la limpieza, también se pasó factura. Así consta, por ejemplo, en nota de venta n.º 011, perteneciente a Andrea Rosario Alcívar Alava, (RUC:1302476146001). Allí se da cuenta de un gasto de $75 por concepto de un mes de limpieza del edificio Edificio Bucanero.

De un cuarto departamento, ubicado en la calle Olmedo O-e-5-56, arrendado por el señor Julio Echeverría, por una cantidad de $494,68, en el mes de enero, y luego en febrero, por un valor de $550, también se pasó factura. (AIV)

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