Molina reconoció que habían recogido una parte sustancial de la Constitución vigente, pero que incorporaron otros derechos con el fin de proteger a los ciudadanos. “Es la parte más importante de la Carta Política, porque definirá la acción del Estado en todo ámbito y circunstancia”, dijo al defender la propuesta, mientras la asambleístas Rosanna Queirolo (ex Acuerdo País) se acercaba al secretario para saludarlo.

Ella recordó que la Constitución actual tiene 27 puntos referidos a los derechos y que la nueva propuesta recoge 34, porque entre otras cosas integra el derecho a la calidad de vida digna; el de la seguridad jurídica, cuyo fin es la protección de los derechos humanos individuales y colectivos, e intereses nacionales, por sobre los intereses de la inversión, el capital y el mercado.

“El capital y la inversión no son una ficción sino que se concretan en personas de carne y hueso que también tienen derechos”, puntualizó Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya), en sus observaciones que repartió a la prensa una de sus asesoras. También cuestionó que uno de los derechos más fundamentales, el de la vida, se lo haya resumido en una línea en el articulado que estaba en discusión.

Fue justamente ese uno de los puntos más cuestionados durante las intervenciones de los distintos asambleístas.

Tanto que María Cristina Reyes (PSC) y Queirolo llegaron con camisetas blancas con la leyenda: “Déjame nacer. Constituyente defiéndeme”. Y Anabella Azin (Prian) se pegó en el pecho un adhesivo con la bandera del Ecuador, con la misma frase.

La asambleísta María Paula Romo, de las filas de Acuerdo País, en cambio, recordó que hay una incoherencia en el primer punto porque dice que “el Estado respetará y hará respetar a las personas, pueblos y nacionalidades”, cuando, aseguró, los derechos civiles son individuales.

Tampoco cree que se debiera incluir esa prioridad de los derechos humanos por sobre los intereses de la inversión, en vista de que eso debería constar en la ley respectiva, porque dijo estar de acuerdo con el espíritu de la propuesta.

Romo también propuso que en el ítem sobre la prohibición de los experimentos médicos se agreguen los científicos. En eso coincidió con el asambleísta César Grefa (Pachakutik), quien destacó que todo “experimento debe ser científicamente comprobado”, frase que arrancó algunas risas entre los asambleístas presentes en el Pleno.

Grefa, sin embargo, insistió en que la mesa había olvidado algunos derechos como el del “buen vivir” y calificó de histórica la decisión de dar el mismo tratamiento a los hombres y a las mujeres. “Yo no puedo reclamar el mismo trato que una embarazada”, reclamó Viteri durante su intervención, que fue seguida con mucha atención por sus vecinos del Prian y de Sociedad Patriótica.

A otro que le faltó derechos es al oficialista Édison Narváez, que llenó de elogios a la Mesa por el tema de la sexualidad. “Se termina el tabú de que la sexualidad que no está relacionada con la reproducción es pecado”, destacó, aunque insistió que faltan precisiones, porque ese punto puede dar a entender que una pareja puede tener relaciones sexuales en un parque público. Su intervención concluyó con su reclamo para incluir el “derecho a la seguridad”.

Pero fue la intervención de la oficialista Bety Tola la que más caldeó los ánimos, porque defendió el derecho de las mujeres para decidir tener o no tener hijos. Recordó una encuesta donde el 78% de ecuatorianos había reconocido usar métodos anticonceptivos.

Queirolo saltó de su asiento con un afiche de la marcha de los grupos pro vida en Guayaquil, realizada meses atrás, para ir hasta el sector donde están los periodistas. “¿Qué pasa con la prensa?”, interrogó al ver la inactividad de los fotógrafos y camarógrafos.

“Muchos de los que están aquí han hecho política de muerte y hoy levantan la mano de la vida”, concluyó Tola, para dar paso a la intervención de Norman Wray (Acuerdo País), que fue interrumpida por Queirolo, que reclamó los nombres de los que han hecho política de muerte. No hubo respuesta.

Con la intervención de Wray terminó el primer debate sobre un proyecto que es defendido por la bancada oficialista y cuestionado por la oposición.

Según Mae Montaño (UNO), lo que se ha hecho es copiar mal artículos de la actual Constitución, y según el asambleísta Viteri la propuesta está llena de subjetivismo y existencialismo.

La asambleísta Montaño apuntó que el debate debería girar sobre temas básicos: si se agrega o no el derecho a la vida desde la concepción y el modelo de Estado, mientras que Paredes apuntó una serie de artículos dirigidos, como el querer hacer responsable a la prensa de informaciones publicadas que hayan sido pagadas y el reclamar a los medios rectificaciones por “ataques graves”, sin mencionar quién es el que determina lo que se puede considerar una acusación grave. (JT)


En estudio la elevación de la figura de "resistencia civil" a norma constitucional

La mesa 2 aprueba los textos de Organización y Participación Democrática, entre ellos la conformación de veedurías ciudadanas

La Mesa 2, de Participación Ciudadana, aprobó el miércoles por la tarde el articulado sobre Organización Social y Participación en Democracia que contiene 29 artículos y una disposición transitoria, que entre sus aspectos básicos institucionaliza la resistencia civil pacífica.

En el cuarto artículo se establece que los ciudadanos y las colectividades podrán ejercer su derecho a la resistencia frente a acciones, omisiones y políticas del poder político y frente a personas naturales o jurídicas no estatales que afecten y/o atenten sus derechos consagrados en la Constitución y en instrumentos internacionales.

En la propuesta se reconoce toda forma de autoorganización colectiva para desarrollar los procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones del poder público, en políticas públicas y control social, así como entidades públicas y privadas que presten servicios públicos.

Los miembros de la Mesa, excepto César Rohón (PSC) y Andrés Pavón (Prian), presentaron ayer el paquete que irá a primer debate en el Pleno.

Virgilio Hernández (Acuerdo País), presidente de la Mesa, destacó que el paquete se aprobó casi por unanimidad, lo que hará a la nueva Constitución Política la más participativa de América Latina.

La vicepresidenta de la Mesa, Pilar Nuñez, también de las filas gobiernistas, comentó que la propuesta expresa la consolidación del “poder ciudadano” y, en perspectiva, uno de los puntales para la consecución del buen vivir.

El planteamiento permite la conformación de instancias de participación social en todos los niveles de Gobierno, entre otros, para elaborar presupuestos participativos e impulsar procesos comunicacionales e independientes y promover la formación ciudadana. Para ello se organizarán veedurías, asambleas, cabildos, consejos, observatorios y otras formas que promueva la ciudadanía.

El articulado consagra la iniciativa ciudadana para presentar proyectos de ley con el respaldo del 0,20% de firmas del registro electoral de la jusrisdicción correspondiente, así como para pedir una consulta popular con el 10% de firmas de apoyo, en el ámbito local, y el 5%, en el nacional o cuando es planteada por migrantes.

La iniciativa también se extiende al pedido de revocatoria de mandato de los funcionarios públicos, para lo cual se requeriría del 10% en el caso seccional y 15% para presidente y vicepresidente.

Por otro lado, la propuesta señala que los partidos y movimientos políticos constituyen expresiones de pluralidad política del pueblo (...), y que su organización, estructura y funcionamiento son democráticos (el principio de alternancia en las directivas).

En una disposición transitoria se dispone que todos los partidos y movimientos políticos deben reinscribirse en el Consejo Nacional Electoral, una nueva instancia pública. (LB)


La Asamblea aprueba el plan del indulto

Se estima que unos 50 reos se beneficiarán con la medida

Con 84 votos de Acuerdo País, MPD y PK, la Asamblea Constituyente aprobó el informe de la Mesa 10, de Legislación, para otorgar el indulto a unos 50 presos que padecen enfermedades en fase terminal a partir del trámite de una solicitud al Ministerio de Justicia o al director de la cárcel en que estén recluidos.

La resolución determina que los reos sentenciados penalmente, por si o por persona interpuesta, enfermos en fase terminal, podrán dirigir una solicitud de indulto al Ministerio o al director del centro carcelario, quien, a su vez, deberá remitir de inmediato la solicitud al citado Ministerio.

El Ministerio, en 48 horas, conformará una comisión especial de médicos, integrada por el ministro de Salud o un médico delegado, un médico de la Federación Médica Ecuatoriana y un médico de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca), para analizar el caso y emitir un informe.
El Ministerio receptará el informe de la Comisión Especial y resolverá acoger o negar el recurso.

Rosanna Alvarado (AP), autora del informe, argumentó el pedido en que un enfermo hace lo imposible para aferrarse a la vida sin importar lo penosa que sea su existencia. Fustigó, así, la realidad del sistema de rehabilitación, el que “sí merece el rechazo”.

Por su parte, Amanda Arboleda (AP) reflexionó sobre las razones que deben motivar la decisión. “Que los análisis jurídicos, no nos hagan ir en contra de la dignidad humana y el sentido de justicia”, añadió, evocando asimismo que el Papa Juan Pablo II posibilitó la rebaja de penas de los reos ecuatorianos, sin necesidad de análisis jurídico ni legal. (LB)

Los otros aspectos pendientes

Otro tema pendiente es el indulto a las mulas del narcotráfico. La Mesa 10, de Legislación y Fiscalización, debe pronunciarse todavía.

En un principio se habló de que quienes hayan transportado hasta 2 kilos podrían beneficiarse con la medida.

En el mismo planteamiento, hecho por el Gobierno, se incluyó a varios ex funcionarios de diversas administraciones, a fin de que les otorguen indultos por ser perseguidos políticos.


Los artículos aprobados

Los puntos relativos al Trabajo

Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles; transportación pública y telecomunicaciones. La ley establecerá límites para asegurar el funcionamiento de dichos servicios. Los empleadores tienen derecho al paro.
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. En las instituciones del Estado, incluidas las entidades de derecho privado en las cuales hay participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades directivas, administrativas, profesionales o técnicas, se sujetarán a las leyes que regulen la administración pública. Quienes no estén en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.

Art. (4) Relaciones laborales.- La relación laboral entre empleadores y trabajadores/as será bilateral y directa.

Queda prohibida toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o empleador, la contratación laboral por horas o cualquiera otra que afecte los derechos de l os trabajadores en forma individual y colectiva.

El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral serán penalizados por la ley.

Art. (5) Remuneraciones, indemnizaciones y utilidades.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas del trabajador, así como las de su familia. Será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos.

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria.
El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos; no podrán ser disminuidas ni descontadas, salvo con autorización expresa del trabajador y conforme lo legalmente establecido.

Lo que el empleador deba al trabajador, por cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia a los hipotecarios.

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que perciba el trabajador/a en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuará el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales.

En los pasillos

El presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, anunció ayer de forma oficial la presentación de la denuncia ante la Fiscalía sobre el espionaje en la Constituyente. Dijo que no bastan las disculpas, sino que los asambleístas y el país exigen la verdad y sanciones para los responsables, más cuando se ha señalado robo de documentos de los archivos de las FFAA.

En su rueda de prensa, Acosta también exigió la identificación de responsabilidades por el tema Mutualista Benalcázar, el papel de los administradores, las calificadoras de riesgo, los auditores externos y hasta la Superintendencia de Bancos. Aunque reiteró el mensaje de la superintendenta de Bancos de que ese caso es aislado, exhortó a terminar la evaluación del sector financiero.

Mientras Acosta hablaba, el presidente de la Conaie, Marlon Santi merodeaba la Sala de Prensa. En la mañana dialogó con el titular de la Constituyente y, al parecer, ese contacto permitió aligerar el ambiente crispado entre indígenas y el Gobierno, y el movimiento Acuerdo País.

Santi comentó su predisposición para las transformaciones de fondo. En la conferencia, Alberto Acosta reconocía que hay temas que generan tensiones, pero que estas no iban a romper el frente de cambio en el que convocó al MPD y Pachakutik.

La ministra coordinadora del área social, Nataly Cely, presentó ayer una propuesta formal para consagrar normas que garanticen la atención prioritaria a grupos vulnerables. (LB)