Entrevistada en el programa “El Poder de la Palabra, que transmite <font color="#800080">www.ecuadorinmediato.com/radio</font>, la asambleísta Pilar Núñez destacó que los propios representantes de AER Guayas han expresado su total acuerdo en la necesidad de la revisión de las frecuencias de radio y TV en vista de que no se puede ocultar que existen problemas y abusos en determinados sectores en cuanto al proceso de esas concesiones.

 

Considera que llegó al momento que, desde la Asamblea y específicamente desde su mesa, se inicie un proceso de diálogo, concertación y sobre todo debate, del que deberá participar la ciudadanía en su extensión, pues estos procesos han estado centralizados entre lo que significaría los “representantes del mercado y los representantes del Estado”, siendo esos dos actores los partícipes desde el año 74 cuando se creó la ley de Radio y TV y quienes exhiben sobre algo que le corresponde a la población ecuatoriana, que es la propietaria de las ondas radio eléctricas y electromagnéticas, en vista de que son recursos naturales y propiedad inalienable de la población.

 

Además esto servirá para plantear una línea de concepción distinta de la comunicación social en los proceso de desarrollo, y que pese a que se ha avanzado mucho en recursos de habeas data y acceso a información libre, pero solo se quedó ahí con la constitución del 98, y ahora según Núñez, se debe hablar de un nuevo pensamiento de comunicación, que es un derecho social y un bien público, eje fundamental y transversal en el proceso de desarrollo nacional, y no solo como un elemento de difusión e información.

 

“La intención es la democratización de los medios de comunicación y su buen funcionamiento, eso implica eliminar las formas monopólicas de apropiación de los medios de comunicación y posibilitar el acceso libre a que todas las personas, especialmente organizaciones comunitarias y sectores populares que han estado fuera de este espectro y puedan participar”, informó.

 

Por otro lado dijo conocer el informe de Contraloría y la respuesta de Conartel, enfatizando que el informe es vinculante y donde se reconoce al menos que 370 frecuencias fueron concesionadas con irregularidades. “Es un alto porcentaje y no es un caso aislado”, precisó.

 

Finalmente indicó que la revisión que se hace solo es desde el punto de vista legal, pero se debe hablar de contenidos, programación, y cuál es la función de los medios de comunicación para que esta no se limite a información y entretenimiento sin tomar en cuenta la calidad en sus procesos por lo que sería necesaria “una contraloría social”.

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