La aprobación del documento se fundamentó en la Carta de las Naciones Unidas que impone a los Estados la obligación de promover el respeto efectivo de los derechos humanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas personas contra desapariciones forzadas, aprobada en 1992.

Además, por cuanto, según el dictamen de la Corte Constitucional, el texto íntegro de la Convención Internacional se adecua al texto de la Constitución.

Según el convenio aprobado, todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana, por tanto, un delito y, en determinadas circunstancias, un crimen de lesa humanidad.

De esta manera, Ecuador se compromete a prevenir las desapariciones forzadas y a luchar contra la impunidad en lo que respecta a este delito. Además, se respeta el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación.