El Mandatario argumenta que “es contradictorio que la política económica más importante haya sido excluida de la Función Ejecutiva mediante la autonomía del Banco Central”.

A ello se suma que, según la Constitución, la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es competencia exclusiva de la Función Ejecutiva, siendo necesario reducir la discrecionalidad derivada de la mal entendida y aplicada autonomía del Banco Central.

Plantea que el directorio del Banco Central esté conformado por: un delegado del Presidente de la República, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; los ministros de Política Económica, Producción y Finanzas o sus delegados; el Secretario Nacional de Planificación o su delegado; y, un delegado de las instituciones financieras públicas de desarrollo.

Durante su gestión, y hasta seis meses después de la separación de su cargo, los miembros del Directorio no tendrán vinculación laboral o societaria con instituciones del sistema financiero privado.

El directorio tendrá 16 atribuciones, entre las que constan: diseñar y presentar para aprobación de la Función Ejecutiva propuestas de política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera; establecer sistemas de seguimiento y gestión económica, según la Constitución y Plan Nacional de Desarrollo; aprobar anualmente el presupuesto del Banco Central; y, ejercer la facultad de regulación en materia de tasas de interés del sistema financiero.

No podrá ser Gerente General del Banco Central el cónyuge o los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como los padres o hijos adoptivos del Presidente de la República; el que se hallare en mora con instituciones financieras abiertas o cerradas, o sea deudor del Estado por contribución o servicio que tenga un año o más de ser exigible; quien tenga sentencia condenatoria por delito; entre otras.

El proyecto incluye una disposición general mediante la cual todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones, constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos, que en materia de actividades culturales y sociales eran ejercidas por el Banco Central del Ecuador serán asumidas inmediatamente por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, respectivamente, según el ámbito de sus competencias, junto a su correspondiente presupuesto, personal, bienes inmuebles, equipamiento, mobiliario, información y demás activos y obligaciones.