“No queremos enfrascarnos en una pelea sin resultados, ni en una discusión personal, lo que interesa es que el Conartel, como órgano de poder del Estado, actúe, en todo lo posible, con el mayor apego a la Carta Suprema, a las leyes y a los principios de derechos y libertades que inspiran nuestra Constitución y que deben orientar la gestión de los funcionarios”, expresó Romo.

Precisó que el informe respecto a las prohibiciones de ciertos programas por parte del ente regulador fue aprobado por unanimidad, que tiene todos los fundamentos constitucionales, jurídicos y de doctrina. “No tiene fuerza vinculante, no es una sentencia sino una recomendación dentro del control político y, evidentemente, la Comisión se reserva la facultad de solicitar un juicio político, dependiendo de la reacción del Conartel frente a estas observaciones”.

Argumentó que de la revisión de varias resoluciones y las actas que explican el proceso de adopción de las mismas se puede concluir que el Directorio no ha justificado ni sustentado técnicamente la relación entre las normas legales vigentes y su aplicación en relación a determinados contenidos de programación.

Romo indicó que en la resolución 5512 que ordena el cambio de horario del programa “Los Simpsons” se hace constar que obedece a un informe de monitoreo sobre un solo episodio en que “se evidencian escenas de violencia” y que se ha solicitado la opinión del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, organismo que no ha recibido la solicitud formal de pronunciarse al respecto, en forma similar se actuó con la serie “Dragon Ball Z”.

Así mismo, puntualizó que, a pesar de haberlas solicitado, no han recibido actas ni informe jurídico de ningún tipo que explique la restricción para los programas taurinos, tras afirmar que en otro de los casos, uno de los miembros del Directorio de Conartel sugirió que se traslade al horario de adultos “José Luis Sin Censura”, mientras el abogado García planteó que se lo prohíba, según lo evidencia la resolución 5382.

Por último, recalcó que no existe un procedimiento reglado o una política clara en que se enmarquen las prohibiciones, por tanto, la Comisión de lo Civil considera que el Conartel debe declarar la nulidad de todas las resoluciones que regulan el contenido y la programación que se haya basado en normas de categoría reglamentaria, violando la Constitución y el debido proceso, así como de aquellas que no han sido motivadas de forma correcta y suficiente.

Fuente gráfica: asambleanacional.gov.ec