A diferencia de lo ocurrido en otras épocas, la suspensión de Teleamazonas por el lapso de tres días, fue dispuesta no por el Gobierno sino por la Superintendencia de Telecomunicaciones, con base en el artículo 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión.

La suspensión temporal de un medio de comunicación no es un hecho nuevo en el país. En anteriores ocasiones estaciones de televisión y de radio fueron incluso clausuradas y no precisamente bajo el marco legal vigente.

A diferencia de lo ocurrido en otras épocas, la suspensión de Teleamazonas por el lapso de tres días, fue dispuesta no por el Gobierno sino por la Superintendencia de Telecomunicaciones, con base en el artículo 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión y en el artículo 18 de la Constitución de la República que garantizan el Derecho de la ciudadanía a obtener información veraz y no basada en supuestos.

Hay que destacar que la sanción al mencionado medio de comunicación se aplicó luego de un proceso legal iniciado por la Superintendencia debido a la infracción administrativa cometida por Teleamazonas al difundir una versión falsa sobre la supuesta suspensión de la actividad pesquera en la isla Puná.

La historia ecuatoriana relata que en anteriores casos, varios medios de comunicación fueron cerrados o suspendidos e incluso en gobiernos como el de León Febres Cordero, periodistas fueron perseguidos.

En el blog Política y Sociedad, el 15 de junio pasado el historiador Juan Paz y Miño en un artículo denominado “Prensa Libre” (http://unidadsiporelcambio.wordpress.com/2009/06/15/juan-paz-y-mino-prensa-libre/), recuerda  que “desde 1979, no ha existido otra época más atentatoria contra la prensa nacional que la que se vivió bajo el gobierno de León Febres Cordero, con persecuciones, clausura de medios y atentados contra periodistas”.

Y es que en la administración socialcristiana un grupo de periodistas, entre ellos, Andrés Carrión, Polo Barriga y Carlos Vera, obtuvieron una frecuencia de televisión, canal 5 ORTEL, que no pudo transmitir su señal, por decisión del gobierno de Febres Cordero.

El libro “Informe de una Clausura”, escrito por Andrés Carrión, incluye una presunta orden escrita del entonces gobernador del Guayas y actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, para que ORTEL no pueda difundir su señal.

De igual forma, en el gobierno de Febres Cordero, se ordenó suspender las radios Atalaya, Huancavilca, Democracia, Victoria, Dinámica, Tarqui, Cristal, Bolívar, El Sol, Éxito, Sideral, Tropical, CRE, además fueron objeto de atentados y el fallecido propietario de esta última radio, Rafael Guerrero Valenzuela, responsabilizó de esto a Nebot.

En tanto, en el Gobierno de Rodrigo Borja se clausuró Radio Sucre, mientras que en la administración de Sixto Durán Ballén efectivos militares irrumpieron en las instalaciones de Radio Latacunga y la clausuraron. Ese gobierno también suspendió la señal de Escuelas Radiofónicas Populares.

“Como en un asalto de guerra se metieron por el tejado, rompieron vidrios, entraron a los estudios y callaron la señal de la radio”, recordó Eduardo Guerrero de Corape (Coordinadora de Radios Populares de Ecuador).

Aunque en los siguientes gobiernos no se produjo un nuevo cierre o clausura de un medio de comunicación, los presidentes de turno hicieron en su momento, fuertes críticas al papel de la prensa ecuatoriana.

En la administración de Lucio Gutiérrez (Sociedad Patriótica) por ejemplo, se acusó a la prensa de “amarillista” e incluso partidarios de ese gobierno quemaron en las calles de Quito ejemplares del matutino El Comercio al que el ex Mandatario llegó a calificar como “pasquín”.

Gutiérrez condenó a la prensa porque según él brindaba espacios a los oligarcas para que hablen y calumnien el trabajo de su gobierno.

“¿Saben por qué me hablan y me critican? Porque soy como ustedes, soy como el pueblo y mi gobierno es popular”, señaló en una ocasión durante un acto realizado en Tulcán.

También el ex presidente Gustavo Noboa cuestionó la labor de los medios de comunicación, editorialistas y periodistas.

“Hay alguno que otro editorialista que cuando era chiquito le quitaron un chupete, se resintió y escribe pendejadas”, señaló el ex Jefe de Estado cuyo gobierno, en enero de 2001, emitió un comunicado donde pidió a los medios de comunicación que mantuvieran “equilibrio en el servicio informativo”, así como “plena identificación con el sistema democrático”.

Y es que como señala Paz y Miño, en su artículo, en Ecuador las relaciones entre los gobiernos y “la prensa” ha seguido el rumbo de la propia dinamia del país.

El historiador indica que: “Gracias a la prensa se pudo salvar el proceso de retorno al orden constitucional que el sector “golpista” del triunvirato militar (1976-1979) quiso impedir” y que la prensa ha jugado un papel importantísimo de información en todos los procesos electorales.

No obstante, indica también que en esta etapa democrática “se han producido alineaciones políticas expresas de ciertos medios de comunicación” y dice que por ejemplo, hubo medios perfectamente identificados con León Febres Cordero (1984-1988).

Recuerda que un periódico quiteño se pronunció abiertamente por el voto y el triunfo de Rodrigo Borja en la campaña electoral de 1988 y que en las décadas de los ochenta y noventa “un amplio espectro de editorialistas y analistas de los más grandes medios, se volcaron a favor del modelo aperturista, las privatizaciones, la flexibilidad laboral y el retiro del Estado”.

Adicionalmente, Paz y Miño indica que “la experiencia histórica de la fase constitucional debería servir a los ecuatorianos para reconocer que la prensa no es inocua. No permanece ajena a los acontecimientos. Y se ha alineado a favor o en contra de los gobiernos sucedidos desde 1979, según los intereses económicos y sociales a los que los medios han respondido”.

Para él, cuando se habla de prensa libre, “hay que tener cuidado. Porque es preciso defender toda prensa, cualquiera sea su óptica y posición” y añade que eso “no significa desconocer que hoy también existe prensa que toma partido y defiende causas privadas propias” y que la ciudadanía tiene derecho a exigir la responsabilidad de este tipo de prensa.