Días atrás, el general en servicio pasivo de la Policía Nacional, Edgar Vaca, junto a otros oficiales hicieron público el libro “Terrorismo y Subversión” en el que se relata, desde la visión policial, el accionar de algunos grupos considerados delictivos en el período 84-88, a propósito de la cercana presentación del informe final de la Comisión de la Verdad que está encargada de la investigación de casos de violación a los derechos humanos que se habrían dado durante ese periodo hasta la actualidad.

Ante ello, aquellas personas acusadas en el libro, dan su versión de los hechos. Es el caso de Juan Cuvi y Orlando Pérez, miembros en ese entonces de organizaciones revolucionarias, consideradas por la policía como delictivas.  

Pérez asegura que a la obra “Terrorismo y Subversión”, que en palabras del General Vaca es la versión de la Policía, “no le catalogaría como una obra, no es una investigación, no es un trabajo intelectual, no es un trabajo académico, ni siquiera llega a esa categoría porque es la transcripción malintencionada, tendenciosa y mentirosa de unas supuestas declaraciones”. Argumento que respalda Cuvi al decir que “no es una obra, es haber transcrito textualmente y tergiversado, de paso, los informes de la policía. Se pretende defender una verdad en base a informes policiales cuando mucha de la gente que está allí (el libro) acusada, ya fue sentenciada, muchos han sido sobreseídos”.

Cuvi afirma que el libro, más allá de ser una versión de la policía, tiene otro propósito: “el de proteger a ciertas figuras políticas, los responsables de las acciones de esa época, empezando por Febres Cordero y algunos que ya fallecieron y otros que están vivos. Ese grupito que rodeó a Febres Cordero y que fue cómplice en muchas de las decisiones y de los hechos que desembocaron en persecuciones o muertes” y citó algunos nombres: “Nebot, Gustavo Lemus, Charlie Pareja, Orellana, Alex Ripalda”.

Así pues, a decir de Pérez este podría ser un documento que “puede tener consecuencias jurídicas porque hay injurias calumniosas (…) es para curarse en salud, lo que ellos quieren decir es: esta es la verdad y no la que saldrá en la Comisión de la Verdad”, indicó en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/radio.

Y es que, para los entrevistados, lo que se quiere es sacar un documento que trate de justificar las acciones policiales de la época momentos antes de que sea revelado el informe final de la Comisión de la Verdad.

Por ello, Cuvi considera necesario “desmontar un viejo discurso que justifica una serie de medidas fuera de la ley para combatir a los subversivos, eso es peligrosísimo. Donde supuestamente los subversivos somos tan malísimos que requerimos sanciones extremísimas y terribles como eliminación física, tortura, exilio, desaparición, etc. Eso no se puede justificarse bajo ningún punto de vista”, apuntó.

Pérez respalda a Cuvi asegurando que en el período 84-88 durante la presidencia del socialcristiano León Febrés Cordero, las fuerzas represivas abusaron de su poder y violaron derechos humanos básicos de aquellas personas a las que perseguían. “La ley dice que toda persona que haya cometido un acto ilegal será procesada, llevada a los tribunales y sentenciada” pero denuncia que en varios casos no se llevó adelante el respectivo legal y que los culpables de aquello “fueron las Fuerzas Policiales y represivas de la época, quien tiene que responsabilizarse es Febres Cordero pero está muerto”, acotó.

Ambos reconocen que las agrupaciones a las que pertenecían actuaron al margen de la ley y que por ende muchos de ellos fueron capturados y sentenciados pero que en otros casos no se siguió el debido proceso, llegando incluso a la violación constante de derechos humanos.   

“Nos pusimos al margen de la Ley, nos levantamos en armas y todos fuimos condenados. Yo nunca he negado, ni ninguno de los compañeros ha negado que se levantaran en armas. El conflicto surge en que si a nosotros nos aplicaron la ley como correspondería y porqué a los que cometieron también delitos en la lucha contra AVC no se les aplica la ley”, señaló Cuvi.

El mismo miembro de AVC asegura que “nuestra denuncia es contra los perpetradores, que cometieron una serie de delitos pero con una intencionalidad muy clara, no fueron casualidades, hubo una decisión política de la más alta autoridad de este país, el presidente de la República de ese entonces, León Febrés Cordero, de perseguirnos de manera sistemática, indiscriminada, de eliminarnos, de encarcelarnos, de torturarnos, etc. Hubo una política de Estado, y muchas de esas cosas estuvieron al margen de la ley”.

Ante ello, Pérez afirma que “el único propósito que tenemos es que los socialcristianos y la policía le pidan perdón al país. La siguiente fase es que los jueces, con el informe de la Comisión de la Verdad, judicialicen los procesos, pero eso ya no está en nuestras manos”.

Pese a todo, y para finalizar, Cuvi reconoce que “tenemos que rendirle cuentas políticas al país, explicar porqué nosotros decidimos levantarnos en armas, porqué lo hicimos”.