Las respectivas resoluciones se publicaron el pasado lunes, en el Registro Oficial no. 145. De esta forma, se extinguió la existencia legal de ambas instituciones bancarias, pues "los procesos liquidatorios se han dilatado de manera excesiva", según la resolución, difundida este miércoles por diario Hoy.

La quiebra de 35 instituciones financieras le costó al Estado ecuatoriano unos 8 000 millones de dólares. La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) fue creada para recuperar esos recursos vía el cobro a los dueños de los bancos quebrados para devolver los fondos a todos los depositantes perjudicados, lo cual todavía no se cumple, aunque ya se cerró la Agencia a finales de 2009.

La superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, consideró que el largo proceso de liquidación ha impedido que las acreencias sean oportunamente canceladas y, con el riesgo de que los activos sufran un mayor deterioro que perjudique aún más a los acreedores, en septiembre de 2009 la Junta Bancaria estableció el marco normativo para la finalización de los procesos de liquidación forzosa.

Para Solbanco se aplicó la misma medida. Esa institución estaba domiciliada en Guayaquil y nació en enero de 1996 con la fusión, por absorción, del banco Inca y Albobanco. También terminaron los procesos de liquidación forzosa de Banunión y Finagro, el primero estaba domiciliado en Guayaquil, y el otro funcionaba en Babahoyo, señala el rotativo.

Antes de la terminación de los cuatro procesos de liquidación, la Superintendencia ordenó la transferencia de los activos a favor del Banco Central del Ecuador (BCE), lo que se cumplió con la celebración de escrituras públicas.

A finales del año anterior se liquidaron 28 de las 35 entidades cerradas. Las empresas, bancos, bienes inmuebles, y muebles que administraba la Agencia de Garantía de Depósitos pasaron a manos del Banco Central y del Ministerio de Economía.