El tema pasa por un dato que ha revelado este viernes el Ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, en entrevista con el periódico electrónico Ecuadorinmediato.com que no estaba presente en la imagen pública que se ha dado al proceso de negociación para el reinicio de relaciones diplomáticas entre las dos naciones, tras el bombardeo colombiano de Angostura en marzo del 2008.

El problema es que, independientemente a la relación política o diplomática entre Ecuador y Colombia y, entre los gobiernos de Rafael Correa y Uribe Vélez, hay un punto crítico de por medio y es que los actos cometidos por las fuerzas colombianas el 1 de marzo son considerados delitos en Ecuador, sitio donde se dieron los hechos.

Así, a primeros días de ese marzo de 2008, fue la propia Fiscalía del Estado, tanto como la ALDHU los que dieron inicio a las primeras denuncias e investigaciones del hecho, más allá del escándalo político.

Al momento, el bombardeo colombiano ha provocado acciones judiciales que se derivan en investigaciones por asesinato de 26 personas, entre colombianos, un ecuatoriano y cuatro mexicanos. Se suman a ello indagaciones por delito de ataque con terrorismo, atentado a la seguridad del estado ecuatoriano, robo de cadáveres, alteración de evidencias en el lugar del crimen, sustración de bienes y pertenencias del sitio y de las víctimas. Por las huellas dejadas en los cuerpos de los fallecidos se evidencia victimación de las personas, lo que presume un delito de lesa humanidad como el genocidio, la tortura, todos ellos castigados en la legislación penal ecuatoriana.

Si se suma el que a las víctimas heridas, dos colombianas y una mexicana, se las dejó abandonadas con huellas evidentes de tortura, la acusación deriva hacia el derecho penal internacional.

Tiene que tomarse en cuenta además que el asesinato del ecuatoriano Franklin Aizalla, cuyo cadáver fue robado y presentado como "trofeo de guerra" por Colombia, especialmente por el ex ministro Juan Manuel Santos y el general Freddy Padilla de León, agravó tanto el asunto al punto que su homicido con presunta ejecución es ahora una causa que se tramita ante la Corte Interamericana de Justicia Penal.

Por ello es que tanto el Fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, como el Dr. Daniel Méndez Juez Penal de esa provincia, donde se dieron estos hechos considerados delitos,procedieron a seguir con la causa, independiente de los tiempos y ritmos que llevaba la negociación política y diplomática. Aquello fue aclarado por la Dra. Daniela Moreno, Directora de Preocedimientos de la Fiscalía del Estado de Ecuador, en entrevista, este viernes 16 en Radio Democracia, señalando que las obligaciones de los funcionarios judiciales está sujeta a una fijación de plazos fatales y propenso a que incumplimiento derive en sanciones.

Miguel Carvajal, entrevistado en Ecuadorinmediato.com/radio, indicó que el Gobierno ha sido muy preciso y transparentes en todos los procesos relacionados a la negociación con Colombia, y en ese proceso lograron un acuerdo muy importante, hace un mes en Nueva York, un acuerdo que permita destrabar las relaciones, que apunte a una normalización de las relaciones.

Y ahí habría surgido la primera discusión de este tema, ya que en la lista de los temas denominados "sensibles" puesto por Colombia es respecto al proceso judicial que se lleva en Ecuador contra el ex ministro Santos.

“La preocupación de Colombia es que el Ecuador no tiene capacidad para juzgar a sus funcionarios de Estado, no hay reconocimiento a la competencia extraterritorial de nuestros jueces. Ahí decimos nosotros que tenemos un problema, que resulta que el acto que provoca todo esto es un bombardeo organizado, planificado, con conocimiento pleno de que se realizaba en territorio ecuatoriano y el bombardeo ocurrido en Ecuador no solamente es una violación de la soberanía, del derecho internacional reconocido en todos los foros sino que también provocó 26 personas muertas; ese acto de violencia, y esto se le ha explicado a Colombia, ocurre en territorio ecuatoriano, bajo jurisdicción de leyes ecuatorianas y con autoridades ecuatorianas, de tal manera que aquí no es que los jueces, el fiscal, la legislación ecuatoriana está juzgando a personal militar o civil colombiano de actos cometidos en Colombia sino en Ecuador”.

Un segundo elemento es que en el Ecuador, la justicia, el ámbito jurisdiccional, la fiscalía y los jueces son autónomos del poder Ejecutivo y del Gobierno, además la Fiscalía como tal es autónoma; lo terrible sería que la Fiscalía o los jueces respondan a órdenes del Gobierno o no realicen su trabajo; por eso según Carvajal se le dijo a Colombia que la fiscalía y los jueces tiene que hacer su trabajo y el Gobierno por la independencia de poderes que hay y se respeta en el Ecuador, no puede llamarle al Fiscal el Presidente y decirle que no investigue a tal persona, explicó Carvajal.

Recalcó que se está hablando de investigaciones en este proceso que el Fiscal lo ha planeado en el caso del ex ministro Santos y que lo ha hecho extensivo al Jefe Militar de Colombia, pero también estamos hablando de otros personajes, de ex funcionarios del Gobierno, como José Chauvín; y,  cómo quedaría el Gobierno si le dijera al Fiscal que no lo investigue, cuestionó el Ministro de Seguridad Externa.

“Nos interesa que se conozca toda la verdad. También está la investigación sobre las dos guerrilleras colombianas sobrevivientes, la investigación de Morett, del señor escribano de Reyes y no se quienes más pueden aparecer; hemos sido claros, no podemos aceptar que los fiscales y jueces no intervengan, hay autonomía e independencia y tiene que hacer su trabajo respecto a un acto ocurrido en el Ecuador, no estamos hablando de un acto ocurrido en Colombia”, enfatizó.

Ningún funcionario de los que han participado en las negociaciones lo ha dicho públicamente. pero se han revlado algunos detalles de esas primeras reuniones y se desprende de sus palabras que Colombia busca con estas negociaciones borrar la figura del delito, y proceder a condicionar que el rrestablecimiento de las relaciones diplomáticas con Ecuador pasan por el "olvido" de la judicialización del caso.

Desde las conversaciones en Nueva York, Colombia no obtuvo ninguna garantía al respecto; es decir: ni el Canciller Fander Falconí, como los Ministros Carvajal o Ardito, así como tampoco el propio Ministro de Defensa Xavier Ponce, aceptaron tratar el tema del trámite judicial de los casos en los juzgados ecuatorianos y ante las cortes internacionales, lo que máximo que se habría logrado es que sea incluído en los denominados temas sensibles, junto con las aclaraciones del video del bombardeo y, la entrega de los computadores de Reyes.

Colombia habría insistido en que el tema no sea analizado, con solo retiar el caso de la escena habría bastado, pero no se contó nunca con el proceso judicial ni con la actuación del juez, que por cierto ha sido en este último tiempo parte de las ofensas y los ataques de Uribe Vélez y los funcionarios colombianos enjuiciados.

Es más, Colombia al parecer se confió en que la imágen de urgencia de reanudar las relaciones con Ecuador, presionada por algunos sectores: el comercial entre ellos, pondría de lado al punto del castigo al delito cometido, sin considerar lo que esta semana reveló el estado ecuatoriano y es que: no negociará los juicios alrededor de Angostura.

La decisión del juez Daniel Méndez, el pasado miércoles 14, dando la orden de capturar al colombiano Padilla de León, emitida desde Sucumbíos, devolvió a la realidad a la negociación de una reanudación de relaciones, poniendo en claro que mientras no se castigue los crímenes del bombardeo de Angostura, será muy difícil avanzar en una normalización de las relaciones.

ECUAMEX.