Para el coronel Juan Carlos Rueda, jefe de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado, expresó que el lavado de activos es un delito económico y para juzgarlo “debemos fortalecer toda una institucionalidad jurídica; una política criminal acorde y en sintonía con Latinoamérica para que los esfuerzos de los países de la comunidad no se diluyan”, expresó.

Además, reconoció que el Estado tiene una deuda en lo que concierne a la impunidad de los delitos. Esto, debido a que el sistema judicial, según el oficial de la policía, “no se ha caracterizado por tener un gran nivel de resultados”, aunque no se trata de un problema aislado sino de la institucionalidad conjunta del país.

Ante esta problemática, el jefe de ULCO, propone establecer relaciones con organismos de lucha internacional a los crímenes, para, de esta manera, tener mayor efectividad en el combate de este tema.

“Ese es el camino la pista nos dice que debemos habilitar todos los estamentos internacionales, para conjuntamente con los esfuerzos que realizan otras instituciones y otros países podemos tener un progresivo control para sanciona a aquellas organizaciones delictivas que están imperando en el ámbito internacional”, dijo en radio Quito.,

Mientras, para el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes (CONSEP), Domingo Paredes, la institucionalidad del Estado marcada en los últimos años ha permitido que se tenga una política de combate sobre todo al narcotráfico.

De esta manera, se han fortalecido varios organismos e instituciones de control como “la Superintendencia de Bancos, la Fiscalía, la Superintendencia de Compañías, fortalecimiento de los organismos de interdicción del Estado y tenemos un documento en el que se elabora una comparación entre los años 2005 y 2009 en el que se revela que las fuerzas armadas, policía y organismos de inteligencia han afectado la economía de la delincuencia en el país”, mencionó.

Sobre la economía ilegal del narcotráfico, sostuvo que en donde se aumenta este fenómeno son en las economías grandes del mundo, como Estados Unidos y Europa, mientras que en el país difícilmente se lava dinero pues tiene una economía pequeña en la que se evidencia si hubiera un delito de esta magnitud.

Para concluir, destacó la labor del régimen al control de las instituciones financieras privadas pues esto también ayuda a filtrar los posibles brotes de lavado de activos.

“Algo que hay que reconocer al Gobierno es el freno y la regulación al capital extranjero la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha venido pregonando desde hace 10 años atrás que se creen mecanismos de control de capital financiera internacional”, puntualizó.