Rivas sostuvo que los medios públicos tienen la finalidad de llenar un vacío tanto cultural como étnico, y brindar espacios y programación al público, sin ser un canal gubernamental ni de objetivos políticos del gobierno de turno. Debe resaltar costumbres, aspectos turísticos, foros, etcétera, que no son comercialmente viables en los canales privados que viven de la publicidad privada.

Dijo que los medios públicos son financiados por fondos del Estado, entregados por todos los ecuatorianos, más los fondos que se asignan como publicidad gubernamental o del Estado y cuyo control en montos y destinos dependen del mismo gobierno, razón por la cual “no es aceptable bajo ningún punto de vista que adicionalmente se les permita acceder a los presupuestos de la publicidad privada porque constituye un competencia desleal, y que nos pone en total desventaja”.

Sostuvo que de darse este tipo de financiamiento se estaría “desnaturalizando el propio concepto de medio público porque en lugar de llenar un vacío que existe de contenido de programación y de información, al buscar publicidad privada, se depende del rating o sintonía, con lo cual tendría que apelar al mismo tipo de programación, con lo cual el verdadero sentido de medio público como alternativa, se acaba y se vuelve un canal privado más”.

Rivas manifestó que esta decisión les llevaría, indefectiblemente, a la desaparición de los canales privados al no poder competir con medios financiados por el Estado, que son recursos públicos además de los presupuestos de publicidad oficial, y que el Gobierno de turno podría ejercer su influencia para desviar presupuestos de publicidad privada a medios públicos, con lo que se llegaría al extremo de la “desaparición legal y comercial” de los medios privados.

En cuanto a los medios comunitarios, el empresario sostuvo que estos deben servir a su comunidad y ser financiados con fondos del Estado, fondos internacionales, entre otros, y no con participación en la publicidad privada, porque pondrían en total desventaja a los canales regionales.

En lo relacionado a la réplica, Rivas manifestó que este derecho debe aprobarse tal y como se lo ha concebido, es decir, en el mismo espacio, tamaño y horario. “Debe ser en las siguientes 48 horas laborables”; sin embargo, dijo que el derecho a la réplica también debería regir para las cadenas nacionales y espacios oficiales “puesto que todos debemos tener los mismos derechos y obligaciones”, sentenció.

Con respecto a la responsabilidad ulterior, señaló que la misma ya está cubierta en los códigos Penal y Civil y el hecho de que no se apliquen sus normas como deben aplicarse no hace necesario una ley adicional, sino un mejor cumplimiento de la misma.

Así mismo, manifestó que la libertad de expresión es absoluta, ya que no puede haber más o menos libertad de expresión según el medio. Indicó que los asambleístas deberán tomar en cuenta y hacer valer lo que determina el artículo 84 de la Constitución, normativa que garantiza la libertad de expresión y la no censura previa.

Aseguró que no debe existir un Consejo de Comunicación que pueda ser acusador, juzgador y sancionador, ya que la ley debe respetar el artículo 76, literal k) de la Carta Política, que garantiza el debido proceso.

Finalmente, indicó que la Ley de Comunicación debe tomar en cuenta que la inversión en los medios cumple con lo que dispone el artículo 9 de la Constitución, que se refiere a la igualdad de derechos.