El suborganismo legislativo analizará las ponencias de los rectores para establecer en la nueva Ley Orgánica de Educación Superior una disposición que resuelva la situación en la que se encuentran 70 mil estudiantes de los centros educativos que obtuvieron la menor calificación dentro del informe del organismo de evaluación.

Gioconda Saltos (PSP), una de sus integrantes, considera que el informe del CONEA  es netamente punitivo, técnico, cuantitativo, que lo único que determina son ciertos aspectos que no están acorde con los nuevos procedimientos de evaluación en el mundo, e incluso habrían ilegalidades e inconstitucionalidades.

"Yo considero que nosotros debemos hacer lo que manifieste la Constitución. Este informe tiene que ser dado de baja tomando en consideración ilegalidades e inconstitucionalidades que pudiera tener dicho informe" enfatizó Saltos.

A su criterio, en el informe que se presente a la Comisión Especializada de Educación, se debería dar paso a lo que manifiesta la Constitución en la vigésima transitoria que habla de que la evaluación a las universidades se lo hará en el plazo de cinco años, “nosotros consideramos que los nuevos organismos que estarán determinados en la Ley Orgánica de Educación Superior son los que deberán proceder con esta realidad”.

Sostuvo que no se puede dar un cierre inmediato de las universidades, ya que  eso implicaría una gran conmoción social, puesto que se está hablando de 70 mil estudiantes que estarían fuera del sistema de educación  superior, “al momento ya se encuentran ellos en un estado de incertidumbre y eso no permite que el tema se desarrolle de manera normal”, señaló la asambleísta.

Considera que la evaluación debe darse a las universidades como debe ser, es decir, con el propósito de mejorar la educación determinando las falencias para establecer los correctivos a través de las mismas universidades.

Informó que al momento los comisionados que conforman el sub organismo, esto es, Xavier Tomalá (PAIS), Gioconda Saltos (PSP) y Galo Vaca (ADE), están analizando cada uno de los informes, CONEA y CONESUP, y los insumos que se les está entregando, a  fin de hacer un pronunciamiento hasta  la primera semana de marzo.